Las crisis económicas -también políticas- conllevan siempre varias fases. Una de ellas, en secuencia continua, es la utilización de ahorros para solventar un nivel elevado de gastos y lograr equilibrio. En este caso, hablamos del ahorro externo, es decir, de las Reservas Internacionales Netas (RIN).
Luego, cuando se agotan los ahorros en divisas, se vende el oro, para seguir manteniendo ese nivel excesivo de gastos. Como no hay ninguna recuperación en los ingresos, después, en la secuencia de las fases de la crisis, se apela al crédito externo. El equilibrio, en esta fase, se logra con deuda externa.
Después de contraer excesivas deudas -para seguir gastando improductivamente-, aparecen luego las dificultades para honrar los compromisos y el servicio de la deuda. En ese momento, ya no eres sujeto de crédito. Salvo el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco de los Estados en quiebra, nadie te presta en esas circunstancias.
Antes de tocar las puertas del FMI, las autoridades económicas del país, tienen todavía otra opción para conseguir recursos frescos y seguir malgastando. Como en casi todos los gobiernos de corte populista, se recurren a los fondos de los trabajadores que el Estado administra. En este caso, la Gestora Pública, la institución estatal que se encarga de la administración de los aportes de los trabajadores para su jubilación.
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Desde mayo del 2023, esos fondos, pasaron a tuición del Estado. Las administradoras de Fondos de Pensiones privadas, Futuro de Bolivia y Previsión, transfirieron a la Gestora Pública, un poco más de 24.000 millones de dólares, para su administración. Particularmente, creo, que esos fondos -por esa inexorable tendencia a ser siempre malgastados- nunca tendrían que estar en manos del Estado. Considero que fue un error capital que esos fondos pasen a manos del Estado, en un momento de crisis y aguda iliquidez.
Justo ahora, la necesidad de recursos es extrema. Como ya se agotaron los ahorros y las “joyas”, así como, también los créditos externos se tornan dificultosos, es decir, cuando ya no existen alternativas de financiamiento; ahí están los fondos de la Gestora. En este momento de extrema iliquidez, esos fondos, para el Estado, representan la única y última alternativa. Si observan bien, habríamos ingresado al umbral de una crisis terminal, pues se agotaron todas las alternativas de financiamiento. Esta fase terminal refleja también que la crisis es de carácter estructural. Es el fracaso y el fin del modelo.
Dicho sea de paso, en esa fase, las economías en quiebra, habiendo agotado todas las alternativas de financiamiento, apelan, ineluctablemente, a la emisión inorgánica de papel moneda. Cuando esta práctica se torna indiscriminada, la hiperinflación, junto a millones de personas condenadas a la miseria; es denominador común.
De cualquier modo, la información oficial de que la Gestora Pública, habría invertido $us 500 millones, en bonos del Banco Central de Bolivia, es un reconocimiento tácito del estado de la economía en quiebra. Eso que, desde hace mucho tiempo, no se quiere reconocer y aceptar. Es, más bien, ocultada con una serie de argumentos. La mayor parte de ellos, pintorescos.
Más allá de todas las explicaciones oficiales, en sentido de que se trataría de una inversión que redundará ganancias y mejorará los rendimientos, aumentando los fondos de jubilación; en las circunstancias actuales la operación es hondamente peligrosa.
De ningún modo, por el estado de situación actual de la economía nacional, es una “operación libre de riesgos”. Con el pretexto de “aumentar los rendimientos”, se ignora -premeditadamente- que la operación conlleva incertidumbre y un alto riesgo. Pues la plata de los trabajadores, se está invirtiendo en “bonos” de un Estado quebrado. Nadie en el mercado financiero, presta o desembolsa dinero, si de por medio se observa peligros y altos riesgos. El Estado, en quiebra, no tendrá la capacidad de honrar luego sus compromisos, peor aún en circunstancias donde no hay de donde sacar plata.
Si bien el volumen de recursos invertidos en Bonos del Banco Central, no superan el 2%, cerca de $us 25.000 millones que está administrando la gestora, la tendencia es, en sumo grado, preocupante. El Estado, en la dramática situación actual, puede seguir utilizando esos fondos, para financiar el enorme déficit fiscal, con decenas de empresas estatales absolutamente improductivas, subvenciones y bonos insostenibles.
La preocupación y susceptibilidad es enorme. Como no hay de donde obtener recursos, el Estado podría utilizar esos fondos, incluso, para cubrir las subvenciones y pagar los bonos.
En las circunstancias actuales, de aguda crisis y falta de liquidez, los fondos de los trabajadores para su jubilación, en manos del Estado, están en peligro.
Rolando Tellería A. es profesor de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Mayor de San Simón