El 18 de marzo, el fiscal Diego Farrachol, las imputó por tráfico de drogas y fueron enviadas de manera preventiva a la cárcel femenina de Obrajes por 90 días.
Fuente: ANF
La vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Yolanda Herrera, advirtió que en el caso de la detención y encarcelamiento de dos turistas uruguayas, por la posesión de siete gramos de cannabis, existe un claro abuso de autoridad y posibles hechos de corrupción de parte de los operadores justicia para resolver de manera ágil la liberación.
“Este caso nos muestra el abuso de autoridad y además está desnudando de la manera más clara la tremenda crisis del sistema de justicia en nuestro país; esto también puede demostrar, si uno hace un análisis un poco más profundo, si está implicado ese nivel de corrupción a través de la extorsión para agilizar o facilitar los procesos”, señaló Herrera a ANF.
El 17 de marzo, las turistas uruguayas Silvia (60) y su hija Virginia (27) estaban remitiendo una de sus valijas en el Aeropuerto Internacional de El Alto para regresar a su país, tras un viaje de unas semanas por Bolivia, cuando un oficial de la Aduana pidió revisar el equipaje al observar dentro una botella. Cuando la abrió, encontró siete gramos de marihuana.
El hallazgo ocasionó la detención de la madre y la hija. El 18 de marzo, el fiscal Diego Farrachol, las imputó por tráfico de drogas y fueron enviadas de manera preventiva a la cárcel femenina de Obrajes por 90 días.
Un mes y medio después, la defensa de la familia logró reunir las pruebas necesarias para que la Fiscalía revisara la decisión: sobreseyera a la madre y cambiara el delito de la hija a uno de consumo, cuya pena es la expulsión del país, a lo que el fiscal Farrachol accedió el 8 de mayo.
Sin embargo, desde entonces, el proceso no avanza. El abogado Rodrigo Rey dijo que necesitan que se ejecuten esas resoluciones fiscales, que el fiscal envíe el sobreseimiento a la Fiscalía departamental, y que el Juzgado de Instrucción envíe la acusación fiscal por consumo al Juzgado de Sentencia, debido a que está muy preocupado, al igual que la familia de las turistas, por la salud mental de ambas, que están sufriendo un serio deterior.
“El problema es que no sabemos cuánto tiempo tenemos que seguir recorriendo, y mi miedo es que se me queden en el camino mis clientas, que no lleguen a salir del túnel, porque emocionalmente están muy deterioradas”, señaló el abogado a ANF.
La vicepresidenta de la Asamblea de Derechos Humanos indicó que lo que llama la atención es la burocracia, “los cortapisos que se van poniendo para proceder ante un hecho que al parecer no tiene tan alto nivel de relevancia como otros que ocurren en el país”.
“Es condenable en todo sentido el cómo proceden los operadores de justicia en nuestro país ante hechos de tan baja relevancia y que ponen a Bolivia en una situación donde la justicia solo está organizada, armada, para favorecer algunos intereses o privilegios económicos que se generan en ese sistema tan corroído que tenemos”, apuntó.
Dijo que en este caso se está vulnerando el derecho a la salud, a la libertad y a la economía, debido a que posiblemente estas personas al estar en calidad de turistas tienen un presupuesto y “económicamente estén siendo seriamente afectadas”.
“Aquí el tema de la proporcionalidad está en entredicho, hay una asimetría total con relación a la sanción y a mantener recluidas a dos personas, eso está claramente planteado”, refirió.
Pidió que la Defensoría del Pueblo pueda solicitar una auditoría del proceso para identificar los móviles y las negligencias en los diferentes niveles para identificar qué operadores están implicados en una actitud de abuso, “claramente parecería que hay corrupción y abuso en el tema de la administración de justicia en este caso concreto”.
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