“No tienen los recursos ni las condiciones para poder pelear en un juicio contra el Ministerio Público”, señaló José Islas, abogado de al menos tres los implicados
La audiencia se extendió por cerca de cuatro horas en el Palacio de Justicia de la capital cruceña
Fuente: Unitel
Tras una audiencia que se extendió por cerca de cuatro horas, la justicia determinó sentenciar a tres años de prisión a los seis implicados en el caso ‘Ciberextorsión’, después de que estas personas se sometieran a un procedimiento abreviado, según el reporte del abogado José Islas, quien defiende a tres de estas personas.
“La jueza ha determinado, a través de un acuerdo de procedimiento que hicimos nosotros con la Fiscalía, de que ellos se han sometido a tres años de detención, ya en calidad de sentenciado han aceptado la culpa de favorecimiento al enriquecimiento ilícito”, sostuvo Islas.
Sin embargo, si bien la juez emitió el mandamiento de condena que debe cumplirse en la cárcel de Palmasola, estas personas podrán salir en libertad hasta que tengan la documentación necesaria para acceder a un beneficio de la suspensión de reclusión.
Esta última figura se da contra todos los implicados, es decir, los tres bolivianos y tres extranjeros que fueron sometidos al juicio y que se libraron de otras dos acusaciones, de acuerdo con el reporte.
No hay ningún plazo para presentar esta documentación, “simplemente vamos a obtener la documentación lo más rápido posible para que ellos puedan salir, puedan beneficiarse de esto, que es una política criminal con respecto al tema de la suspensión condicional”, explicó el jurista.
“Ellos quieren conseguir su libertad. No tienen los recursos ni las condiciones para poder pelear en un juicio contra el Ministerio Público. En base a esa situación han convenido aceptar el delito”, expresó Islas.
De acuerdo con los antecedentes que sustentaron la acusación del Ministerio Público, estas personas operaban en un edificio de la capital cruceña, en el que se arrestó a 130 personas, quienes presuntamente operaban ilícitamente en una red de ciberestafa y ciberextorsión, bajo una empresa ‘fachada’.
“La pena no es tan amplia, ellos no son funcionarios públicos, por lo tanto pueden acceder a esta posibilidad de la suspensión condicional”, acotó el abogado.