En medio de las versiones y la inspección ocular realizada la defensa legal de la familia de Odalys pedirá que se cambie el tipo penal de trata y tráfico por feminicidio.
Joel S.P.G. de 25 años, novio de Odalys Vaquiata, la joven madre que está desaparecida desde el pasado 30 de marzo, fue trasladado el pasado 13 de mayo hasta Tocaña, en los Yungas de La Paz, se realizó un registro, en el marco de las investigaciones.
La Fiscalía llevó adelante la reconstrucción y la Inspección Técnica Ocular (ITO) de los hechos en la tranca de Urujara en La Paz, lugar donde se presume que desapareció Odalys. Donde luego de 72 horas la defensa legal de la familia pidió que se cambie el tipo de penal de trata y tráfico por feminicidio.
Actualmente, Joel se encuentra con detención preventiva en el recinto penitenciario de Chonchocoro, en Viacha. Recordemos que Odalys fue vista por última vez en Tocaña con Joel, y de acuerdo a versión de este último tuvieron una discusión, después no volvió a ver más.
El segundo procesado es un policía, quien tuvo contacto con Joel la madrugada siguiente a la desaparición de la mujer de 28 años de edad.
El Teniente Alanes, implicado en el caso Odalys, aseguró ser inocente y que pronto se sabrá la verdad. «Se demostrará que no tengo que ver nada en este caso y no tengo el más mínimo interés en este caso (…) Yo no tengo nada que ver, por recibir una simple llamada y dar orientación me encuentro acá. Solo decir que la mentira tiene patas cortas», remarcó.
¿Qué pretende Joel?
De este hecho el mismo implicado ha manejado distintas versiones, ¿Será que busca evadir su responsabilidad evitando decir dónde está Odalys? Sobre el caso hay antecedentes, son tres casos separados en Bolivia, se han emitido sentencias por feminicidio a pesar de no encontrarse los cuerpos de las víctimas.
En agosto de 2022, Zenón Achacollo H. fue condenado a 30 años de prisión por el asesinato de su esposa, Adriana Toco Policarpio, desaparecida desde enero de 2020. Las pruebas incluyeron grabaciones de cámaras de seguridad y testimonios que indicaban violencia doméstica.
El segundo caso es el de Nancy Villarroel Hidalgo fue vista con vida el pasado 9 de julio de 2019, en su vivienda en Santa Cruz, de donde nunca más se la volvió a ver. Siendo que el pasado 17 de octubre de 2022, un tribunal condenó a su esposo, Alejandro Mark Torrico Gonzáles, a 30 años de cárcel sin derecho a indulto por feminicidio.
Torrico Gonzáles hasta la fecha no reveló dónde está el cuerpo de Nancy, con la finalidad de revertir ese fallo. Basándose en la hipótesis “Sin cuerpo, no hay castigo”. Pero fue el 22 de octubre de 2022, que un Tribunal dictó la pena máxima para la expareja de Nancy, quien fue acusado de feminicidio y violencia económica.
El tercer caso ocurrió el 7 de julio de este año, cuando Pablo Burgos Santos fue sentenciado a 30 años de cárcel por el feminicidio de Mariluz Márquez en Bermejo, Tarija. Aunque el cuerpo de Mariluz nunca fue encontrado, la confesión del autor en 2021 y otras pruebas fueron fundamentales para la sentencia.
En todos los casos, las autoridades judiciales consideraron que había suficientes pruebas para condenar a los acusados por feminicidio, subrayando la importancia de la justicia ante estos crímenes.
¿Qué dice el código de procedimiento penal en estos casos?
Para la mayoría de la población ronda en la mente que esta sería la estrategia de Joel P. y que podría librar la situación de esta manera, buscando un resquicio en las leyes, buscando evadir una pena.
De acuerdo al Abogado Penalista y Especialista Forense, Cristian Sánchez, señaló que hasta hace pocos años algunos tribunales de justicia tenía el criterio que una muerte violenta de una persona, feminicidio, asesinato u homicidio, no se podía demostrar hasta que apareciera el cadáver.
“Sin embargo esta situación ha sido vencida, por criterios nuevos con evidencia periférica, circunstancial o indirecta que explican el hecho. En el caso de Nancy Villarroel no hubo el cadáver porque el agresor para garantizar su impunidad nunca manifestó a la Policía o familia donde yacía el cuerpo”, explicó.
En base una investigación minuciosa se determinó que Alejandro Mark Torrico Gonzáles había ocultado el cadáver, para garantizar su impunidad u ocultar la verdad. En el caso actual de Odalys, Joel P. podría estar manejando una estrategia similar.
“En el caso reciente eventualmente puede generarse una estrategia similar, por eso la investigación de la Fiscalía y Policía debe ser de suficiente calidad en el sentido de que se encuentren indicios para determinar el paradero de la mujer, si está viva o muerta (…) Y si estaría muerta que todos los indicios den cuenta que no exista otra posibilidad, que ya no esté viva. Esto se explica con el hecho de que no se contacte con su mamá, que no haya ningún registro de videocámara de ella después del evento, que haya cesado en su actividad digital, estas son evidencias circunstanciales que dan cuenta que la mujer está fallecida en mi criterio”, remarcó.
Lo que seguiría sería establecer una vinculación con el imputado o detenido, en este caso Joel P. con la finalidad de generar la certeza de que este es el único responsable y no establecerse una duda que eventualmente genere otra hipótesis.
“La hipótesis es que la señora está muerta, pero la vinculación a la responsabilidad todavía no está muy sólida, por eso la investigación debe ser científica, amplia, sólida e integral, para que explique todo el fenómeno (…) En qué medida hay autores, copartícipes, encubridores o cómplices”, remarcó Sánchez.
“El hecho de desaparecer el cuerpo u armas usadas no implica que no haya una sanción penal, la investigación moderna y los nuevos criterios de abordaje de esta clase de eventos dan cuenta de que el hecho de desaparecer el cadáver o arma usada es parte de una estrategia de garantiza impunidad y una obstaculización de la verdad”, concluyó.