El gobierno suscribió un contrato con una empresa china para la compra de 12 vehículos blindados para la Policía Boliviana, por Bs 31.665.412,88.
Fuente: ANF
La oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y el dirigente gremial de El Alto, Antonio Siñani, cuestionaron este lunes al gobierno de Luis Arce la compra de 12 vehículos blindados; creen que el Gobierno se alista para la represión del pueblo.
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«No nos van a callar al pueblo con autos blindados, así se traigan un millón. Nosotros somos más de 11 millones, vamos a dar la cara por el pueblo boliviano (si hay represión). Este gobierno no nos va callar con bala, vamos a hacer respetar lo que el pueblo boliviano está diciendo bien claro que no hay combustible, no hay economía y no hay qué comer», declaró Siñani a la ANF.
El dirigente lamentó que el Gobierno nacional esté más preocupado en blindarse que en resolver la crisis económica en el país, en medio de la escasez de dólares, combustible e incremento en los precios de los productos de la canasta familiar.
Añadió que la población no es tonta porque a nombre de la lucha contra el narcotráfico, los avasallamientos y la minería ilegal, esos vehículos serán para la represión del pueblo, además para evitar el ingreso de las movilizaciones a la Plaza Murillo.
El Ministerio de Gobierno suscribió un contrato con la empresa ‘China North Industries Corporation (Norinco)’ de compra de 12 vehículos blindados para la Policía Boliviana, por Bs 31.665.412,88. El documento no fue publicado en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) por tratarse de bienes destinados para la seguridad del Estado, por lo tanto tiene carácter confidencial.
“El proceso de contratación corresponde a bienes que son destinados a la Seguridad Interna del Estado, en tal sentido, toda la información generada y proporcionada como resultado de la provisión de los bienes es de carácter confidencial, no pudiendo ser revelada para su reproducción parcial o total, así como su comunicación pública y distribución”, señala la resolución administrativa RPCE Nº 01/2024.
El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Alberto Astorga coincidió en que es un gasto insulso la compra de estos motorizados, porque el país está en plena crisis económica y rechazó que el gobierno priorice la compra de vehículos blindados. Anunció que harán peticiones de informe para conocer el por qué tiene una clausula de confidencialidad y cuál la necesidad.
«Bueno, si va a ser para intervenir el Chapare, que es una fábrica del narcotráfico, sin duda puede ser viable; pero si va a ser para reprimir a la ciudadanía u otros aspectos que no vienen al caso, será un gasto insulso», declaró Astorga.
El senador del Movimiento al Socialismo (MAS-arcista) Félix Ajpi sostuvo que no importa si la compra sea de chinos, rusos o americanos, debido a que las autoridades lo hacen siempre para el bien del país.
Sin embargo, cuestionó que se haya realizado la compra en «momentos difíciles, de ausencia del dólar», en ese marco, exigió al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, explicar la finalidad y utilidad de los vehículos blindados.
Por la cláusula de confidencialidad, no se conocen más detalles de la utilidad de los motorizados, pero el 1 de noviembre de 2023, el presidente Luis Arce promulgó el Decreto Supremo 5052 que autoriza a esa cartera de Estado la compra de los motorizados a favor de la Policía, que permitirán intervenir de manera efectiva en hechos de narcotráfico, avasallamiento de tierras, minería ilegal y otras situaciones en lugares de difícil acceso.
De acuerdo a la denuncia del diputado del MAS-evista Héctor Arce, el gobierno pretendería comprar movilidades para reprimir al pueblo; es decir, se trataría de movilidades antimotines y otros similares.