En un reciente coloquio económico, Enrique Velazco, especialista en temas de desarrollo y empleo, reveló hallazgos sorprendentes: dijo que no hay evidencia que respalde una relación directa entre el crecimiento de las inversiones y el PIB. 
Rafael Juárez/Unsplash
Fuente: Brújula Digital
En cambio, los datos mostraron una conexión directa entre la productividad laboral y el crecimiento económico, el empleo y la distribución del ingreso.
La disertación central, titulada “Producción, empleo y crecimiento”, estuvo a cargo Velazco, director ejecutivo de INASET, quien presentó los resultados de un análisis realizado al comportamiento de la economía de Estados Unidos entre 1929 y 2023.
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El propósito del estudio fue poner a prueba la existencia, o no, de los vínculos que predice la teoría entre la inversión y el crecimiento de la economía, y entre ese crecimiento y la reducción de la pobreza y de la desigualdad.
INASET y Brújula Digital organizan frecuentemente conversatorios sobre temas económicos y de desarrollo.
Las series históricas de las cuentas nacionales de Estados Unidos están, sin duda, entre las más detalladas y autoconsistentes disponibles, y las políticas económicas que sus sucesivos gobiernos aplican, están, a su vez, apegadas a las tendencias dominantes en el pensamiento económico.
Constituyen, en consecuencia, un buen caso para poner a prueba las relaciones entre la aplicación de la teoría económica y los reales efectos socioeconómicos.
Velazco presentó resultados sorprendentes: a lo largo de casi 100 años de historia económica meticulosamente documentada, en el marco de la teoría económica hoy dominante, no hay evidencia que apoye la relación directa entre el crecimiento de las inversiones y el crecimiento del PIB.
Muestra nítidamente la diferencia en los resultados entre el período dominado por el capitalismo industrial de los años 1930 y 1970 que caracterizó al “Estado de bienestar”, y los del neoliberalismo y el capitalismo financiero instalado desde 1970: en el primer período aumentó el ritmo de crecimiento del empleo, de la remuneración al trabajo y se redujo la pobreza y la concentración del ingreso; en el segundo, todas esas tendencias se revirtieron resultando en las menores tasas de crecimiento desde 1930, la reconcentración de la riqueza en el 1% de la población y el estancamiento de los salarios y del empleo.
Las reacciones de los participantes fueron de prudencia: reconociendo la validez del estudio presentado y de sus posibles implicaciones para el diseño de políticas de desarrollo, se sugirió que, antes de generalizar los resultados, se amplíe el análisis a otras realidades económicas toda vez que las estadísticas disponibles para Bolivia en el INE, no tienen ni la calidad ni la confiabilidad necesaria para respaldar o no las conclusiones del estudio.
El intercambio de ideas en el encuentro abordó varios aspectos y dejó coincidencias y lineamientos interesantes en relación a una pregunta central: ¿qué implicaría para la realidad boliviana que las conclusiones del estudio fueran efectivamente ciertas?
Velazco resumió su respuesta en cuatro aspectos. Primero, implica que, para reducir la pobreza y la desigualdad, Bolivia debe abandonar el extractivismo por sus escasos (o negativos) aportes a la creación de empleo digno, al estancamiento general de la productividad en el resto de la economía, a las severas distorsiones en la capacidad real de consumos de la ciudadanía, y a la concentración de la riqueza en grupos financieros vinculados a las actividades extractivas, o en el Estado que ha demostrado ser incapaz de utilizar de manera transparente y eficiente los recursos que el extractivismo ha generado para la economía nacional a lo largo de la historia.
Segundo, que ha sido un error, validado por los pobres resultados, insistir en un crecimiento económico empujado por la “inversión pública” indiscriminada: la concepción del rol de la economía debería ser redireccionada bajo la premisa que la fuente de creación de valor en la economía es la creatividad y el esfuerzo humanos, no el Estado ni el capital, y que son las personas y sus hogares los destinatarios directos y primarios de los beneficios del crecimiento.
Tercero, como necesaria consecuencia de lo anterior, el objetivo prioritario de las políticas económicas debe ser la creación de empleo digno y productivo, revirtiendo la tendencia de alentar, bajo el eufemismo de emprendedurismo, a ocupaciones informales (cuentapropismo obligado) que, por necesidades de sobrevivencia, están asfixiando al aparato productivo via el contrabando y el comercio informal, o destruyendo el medio ambiente de forma irracional para la explotación del oro o para el tráfico de tierras.
Específicamente, dado el crecimiento vegetativo de la población, la meta inmediata sería crear, cuando menos, 150 mil empleos dignos cada año, con una productividad comparable al promedio latinoamericano ($us 25.000 por trabajador/año) en lugar de los $us 3.000 que generan las ocupaciones precarias que hoy dominan “el empleo” que registra el INE. Lograr esa meta significaría aumentar nuestro PIB en casi 5.000 millones de dólares anuales, lo que supondría, hoy, un crecimiento del 12%.
Y cuarto, para avanzar en esas direcciones, estaríamos frente a la necesidad de revertir o revisar toda la historia económica: desde la Constitución Política del Estado, pasando por las autonomías, las fallidas empresas públicas, el rol y el tamaño del gobierno, la política fiscal-tributaria, la calidad de la educación, la demagogia de los “políticos”, etc. E
s decir, hay que reconstruir la institucionalidad bajo mandato ciudadano para que la creación de empleo productivo dignamente remunerado sea premiado por el Estado, no penalizado ni discriminado como sucede en la realidad.
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