En el caso de la transición energética, exigen a los estados declarar a la Amazonia como zona libre de combustible fósil, así como para las zonas andinas y costeras.
Fuente: ANF
Los pueblos indígenas declararon a la Amazonía libre de actividad y contaminación minera, además exigen a los Estados la pronta reparación y restauración de las zonas que fueron afectadas por la explotación, fue una de las conclusiones a las que arribó la Mesa de trabajo 3 del Foro Social Panamazónico (FOSPA).
“Los Estados deben aplicar el principio de prevención y precaución para tomar decisiones informadas y cautelosas priorizando la conservación de la Amazonía y de sus comunidades. Por fin los pueblos organizados declaramos a la Amazonía un territorio libre de minería, haciendo respetar los modos de vida ancestrales desde los territorios, que garanticen un equilibrio climático y un absoluto respeto a la naturaleza”, dice la resolución.
Después de un arduo trabajo de las delegaciones de los pueblos indígenas de al menos nueve países que comparten la cuenca amazónica, realizaron las conclusiones en los cuatro ejes temáticos: pueblos indígenas y poblaciones, madre tierra, extractivisnmo y alternativas, resistencia de las mujeres.
A la vez, exigen a los gobernantes que se reconozca a la Amazonía como sujeto de derechos con el fin de declarar a la zona libre de cualquier tipo de extractivismo, que solo afecta al territorio y las comunidades indígenas que la habitan.
“Reivindicamos el reconocimiento de la Amazonía como sujeto de derecho planteando un consenso regional por la declaración como una zona prohibida de toda forma de extractivismo. En ese sentido, demandamos el cumplimiento y la implementación de las sentencias y decisiones a nivel nacional e internacional, relacionadas a los pueblos indígenas y comunidades tradicionales y que se reconozca el derecho de la naturaleza y de la Amazonía”, resalta otra de las conclusiones.
Este eje temático se subdividió en cinco mesas de trabajo que abordaron los siguientes temas: minería, transición energética, expansión de la frontera agrícola, seguridad y soberanía alimentaria y ecoturismo. Cada una de ellas presentó sus propuestas que serán incluidas en un documento final.
Otras conclusiones
En el caso de la transición energética, exigen a los Estados declarar a la Amazonía como zona libre de combustible fósil, así como para las zonas andinas y costeras. Eso implica el cierre, desmantelamiento de las actividades de esa índole, además de la reparación, el proceso de planificación participativa para la gestión descentralizada de la energía que garanticen una transición energética justa y popular.
A la vez, se debatió las consecuencias de la expansión de la frontera agroecológica que involucra distintas actividades asociadas a la deforestación de la selva y bosque, que incluye agronegocios, la dependencia de transgénicos, agroquímicos y ganadería Industrial.
“Rechazamos tajantemente los proyectos de palma africana para biodiesel en Bolivia y en los países amazónicos porque vulneran los derechos de los pueblos indígenas, el campesinado y la población en general. Son proyectos que benefician a privados y no a la expectativa económica del Estado, además no Resuelve la escasez de combustible ni contribuye a la superar la crisis climática”, destaca.
Con relación a la seguridad alimentaria, se afirmó que la ampliación de la frontera agrícola, ganadera y la producción de monocultivos solo afectan a los territorios indígenas y contribuye en gran medida a la deforestación de los bosques, además de la explotación de la población más vulnerable.
Finalmente, se tomó en cuenta los proyectos de ecoturismo o turismo comunitario como son una forma alterna para que los indígenas generan ingresos en sintonía con sus regiones. Piden a los gobiernos nacionales y subnacionales impulsar este tipo de emprendimientos que benefician a los lugareños.
“Exigimos que los gobiernos nacionales y subnacionales de nuestra región generen las condiciones y garanticen el desarrollo de la actividad turística, de los pueblos originarios y las comunidades y actores locales. Estas actividades deben realizarse a través de mecanismos que promuevan una participación política, efectiva de nuestras poblaciones amazónicas”, manifiesta el documento.
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