El Tribunal Supremo Electoral ha anunciado que las próximas elecciones presidenciales se realizarán en agosto de 2025, con la cual se acelera la conflictividad derivada de la electoralización de la agenda nacional, mientras el país enfrenta cada vez mas complejos problemas económicos, expresados fundamentalmente en la escasez de divisas. Mientras que, por un lado, Bolivia requeriría un proyecto de gobierno que pudiera realizar las reformas necesarias para superar los problemas estructurales de su economía, por otro lado, la desinstitucionalización estatal y la degradación del sistema político no permiten ser optimistas sobre las opciones de construir una verdadera alternativa.
Después de casi veinte años de hegemonía política del oficialismo, la confrontación al interior de este, por la lucha entre facciones que entienden que su propia supervivencia pasa por la aniquilación de la otra parte, sumados al desgaste de un modo de gobierno autoritario y excluyente y las cada vez mayores dificultades económicas, permitirían entender que están dadas las condiciones para el surgimiento de un proyecto alternativo con una propuesta muy diferente para el futuro de la nación.
Sin embargo, no hay solución automática. Así como el desgaste oficialista genera las condiciones para la alternancia, la falta de construcción política desde la oposición democrática la dificultan. Después de casi dos décadas, se tienen siglas y figuras, pero se carece de partidos institucionalizados y estructurados a nivel nacional, con ideologías definidas y propuestas claramente establecidas para el conjunto de la sociedad y los distintos departamentos que conforman una Bolivia tan diversa y distinta entre sí.
La continua y recurrente apelación al voto útil ha impedido la construcción de proyectos de país alternativos que enamoren a la población y que logren aglutinar a personas que coincidan en ideas y visiones de desarrollo para sus municipios, departamentos y el país en su conjunto.
Es verdad que la experiencia reciente de la región latinoamericana nos muestra que generalmente están ganando las elecciones candidatos cuyo principal merito es no ser identificados con el sistema político y no haber ocupado cargos públicos notorios, debido al desgaste de los partidos y los desafíos que plantea la digitalización de las comunicaciones para la construcción y el sostenimiento de los liderazgos.
Sin embargo, también es cierto que una vez pasada la etapa electoral, viene la responsabilidad de gobernar y ofrecer soluciones a sociedades cada vez más complejas e interconectadas, que demandan la resolución de los problemas económicos y sociales con la inmediatez de las redes sociales, por lo que con la misma rapidez con la que crecen algunas figuras, se desgastan los presidentes y los gobiernos en el ejercicio del poder. Son los desafíos de la democracia en el mundo moderno.
Por ello tenemos que observar y aprender de la experiencia de la hermana nación del Perú, la cual lleva varias décadas de descomposición de su sistema político, el cual prácticamente ha desaparecido, por lo que distintos candidatos utilizan las siglas que quedan vigentes para competir en las elecciones nacionales sin prácticamente tener arraigo en el conjunto del país, llegando a disputar la segunda vuelta opciones que no han superado el 20% de los votos en la primera vuelta, como sucedió en los últimos comicios.
Consecuentemente, el Perú se ha venido debatiendo en un marco de incertidumbre e inestabilidad que ha provocado que los últimos presidentes no puedan terminar su mandato con el consiguiente impacto negativo para el desarrollo del país. Asombrosamente, la economía ha mantenido su estabilidad gracias a que la población no ha permitido que se cambien las bases de la economía de mercado que les ha permitido un crecimiento económico sostenido en los últimos treinta años, y que los distintos gobiernos han respetado las autoridades y equipos técnicos del Banco Central y del Ministerio de Economía, los cuales han demostrado un alto grado de profesionalidad y eficiencia.
La principal lección para Bolivia es que no hay soluciones automáticas y que estos periodos de inestabilidad política se pueden prolongar en el tiempo con graves consecuencias sociales y económicas, puesto que no tenemos las fortalezas que caracterizan a la economía peruana. Bolivia necesita un proyecto de futuro y no simplemente una apuesta electoralista, para poder afrontar las profundas reformas que el país necesita durante el próximo periodo constitucional.