Marco Antonio Masco
Fuente: Radio Activa Guanay
Las comunidades del Pueblo Indígena Leco y Comunidades Originarias de Larecaja (PILCOL) han anunciado su decisión de movilizarse en defensa de la dignidad de sus ancestros y en exigencia de respeto a la posición institucional y orgánica de sus comunidades, tanto de tierras bajas como altas de la Provincia Larecaja del departamento de La Paz.
Entre sus demandas más urgentes, PILCOL exige a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) el cumplimiento de sus compromisos sociales en cuanto a la construcción de enlosetados y cunetas chapas en las vías que atraviesan su territorio indígena. Asimismo, reclaman al Gobierno Central el asfaltado de la vía fundamental que conecta Caranavi, Guanay y Mapiri, una obra crucial para el desarrollo y bienestar de sus comunidades. Para la realización de esta obra, la gobernación departamental de La Paz debe aportar el 20% del financiamiento necesario.
Otro punto central de su protesta es la demanda de una revisión y reducción de las tarifas que la empresa de electricidad DELAPAZ impone a los comunarios de PILCOL, quienes consideran estos cobros excesivos y abusivos. Exigen al Gobierno Nacional que intervenga y escuche sus reclamos.
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Las comunidades también solicitan la atención continua en las estaciones de servicio en Guanay, sin restricciones de horario, para asegurar el suministro constante de combustible tanto a las áreas comunales como urbanas.
En el ámbito educativo, PILCOL pide al Gobierno Departamental y Nacional la creación de una universidad en la Segunda Sección, para atender las necesidades de los estudiantes de las comunidades indígenas de tierras altas y bajas.
Por otro lado, PILCOL y otras organizaciones indígenas, como CONAMAQ e INTERCULTURALES, han declarado que no permitirán demandas o procesos penales promovidos por autoridades políticas ante el ministerio público. Destacan que cuentan con su propia justicia indígena campesina (J.I.O.C) respaldada por la Ley de Deslinde Jurisdiccional (Ley Nº 073).
Finalmente, las comunidades de PILCOL han decidido prohibir el ingreso de la Corporación de las Fuerzas Armadas de la Nación (COFADENA) en su territorio hasta que esta cumpla con su compromiso de construir la Casa Cultural de PILCOL, una promesa que consideran incumplida hasta la fecha.