Bolivia atraviesa el decimoquinto mes consecutivo de una crisis económica que no deja de agravarse con el paso del tiempo: la petrolera estatal enfrenta crecientes dificultades para pagar, importar y abastecer el consumo interno de combustibles, mientras que el Banco Central ha demostrado su incapacidad para afrontar un problema del cual ni siquiera quiere asumir responsabilidad, siendo que es el principal responsable por la estabilidad de precios y el sistema bancario y financiero.
Curiosamente, el Gobierno de Luis Arce Catacora ha logrado que la escasez de dólares en la que se sintetiza el principal problema en el país ahora mismo, parezca que hubiese surgido como por un simple devenir de la naturaleza, o que los responsables son todos menos Hacienda y el Banco Central, o al menos ha creado suficiente confusión sobre el origen del desastre y las soluciones, para evitar que sea señalado como el único responsable del mismo.
Por un lado, ha intentado de todo, como la condonación de la deuda externa, reuniones con gobiernos amigos, empresarios, promulgación de leyes y decretos; y por el otro, siendo que hoy tienen lo que quieren luego de exigir la devaluación de la moneda nacional durante años, economistas y empresarios opositores plantean medidas improvisadas para un problema que suponen que es aislado, pasajero y focalizado apenas en la balanza de pagos, y sus planteamientos van acorde y sin dejar de girar en torno a cómo recuperar niveles «adecuados» de reservas internacionales.
Tal vez la sola liberación de las exportaciones, como exigen invariablemente, hubiera ayudado a incrementar las reservas del Banco Central y que este asumiera ante eventualidades clave una de las funciones más importantes para las que fue creado. Sin embargo, si por algún lado se debe comenzar a tratar al paciente, es concentrando esfuerzos en el problema y no distraerse con los síntomas.
El país se enfrenta a un serio problema de insolvencia por exceso de gasto y acumulación de déficit y deuda durante demasiado tiempo, para lo cual no resta más que primero recortar el gasto y luego aplicar ambiciosas reformas estructurales orientadas a que la nación comience a generar riqueza de manera sostenida lo antes posible.
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Bolivia debe emprender una ruta simple, aunque no fácil
Para esto no hay secretos. Contrariamente a lo que se suele asumir, los libros de texto en economía no tienen por qué ser obsoletos si son antiguos. Es más, muchos de estos se han convertido en clásicos porque no han sido superados o porque nadie que se precie de ser un científico social muy fino, puede dejar de recurrir a ellos, ya sea para refutar o para reforzar sus ideas fundamentales, pero hace 248 años Adam Smith -alguien a quien nadie menciona ni reivindica en el país- ya se había preguntado por qué unos países son ricos y otros pobres. Las respuestas le tomaron 10 años de trabajo hasta que vieron la luz en 1776 en su extenso Tratado de «Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones».
Lo que hizo Smith con la publicación de su Tratado fue, nada menos, que terminar de destruir intelectualmente al mercantilismo y la pseudo doctrina económica sobre la que fue construido para predominar en Europa entre los siglos XVI y XVIII, y que afirmaban, entre otros aspectos, que la riqueza y el crecimiento económico de una nación se explicaba por su capacidad para exportar más bienes de los que importa, y que cuantas más exportaciones realizara más entrada de metales preciosos tendría, y que para apuntalar dichas exportaciones había que implementar políticas proteccionistas, como aranceles y barreras comerciales, para fomentar la producción interna y reducir las importaciones. Esta es la forma -demasiado arraigada- que tienen de pensar economistas y empresarios en Bolivia.
Para Smith, en cambio, la prosperidad no estriba en los recursos naturales que posee un país, por ejemplo, sino en un contexto propicio para el libre intercambio, caracterizado por «paz, impuestos moderados y una tolerable administración de justicia»; habló de que no hay posibilidad de crear riqueza de manera sostenida a largo plazo si la función empresarial a la que aluden economistas más actuales como Ludwig von Mises, Friedrich A. von Hayek o Jesús Huerta de Soto, que hablan de quién es el auténtico protagonista del crecimiento, si no existe un marco institucional que lo acompañe. A saber, el «sistema de libertad natural»:
A) La propiedad privada como un derecho fundamental que incentiva la inversión, la innovación y la eficiencia económica; B) Los intercambios voluntarios de bienes y servicios en un mercado abierto y competitivo donde se generan beneficios mutuos; C) El Estado de Derecho sólido que garantice que los contratos sean respetados, los derechos de propiedad sean protegidos y los conflictos sean resueltos de manera justa, creando así un entorno confiable para el comercio; D) la libertad económica, entendida como la ausencia de restricciones excesivas y regulaciones que limiten la iniciativa empresarial y capacidad de innovación; E) Y la división del trabajo o especialización, que finalmente conduce a un aumento de la productividad y a la generación de excedentes económicos.
Las probabilidades de que suceda son mínimas
Lo contrario a todo esto es seguir presentando las ideas de toda la vida que no difieren en sustancia con todo lo que ha venido haciendo el Movimiento al Socialismo (MAS) desde que asumió el poder hace 18 años: quién es mejor para redistribuir la riqueza que no ha creado, quién tiene mayor capacidad para gastar mejor los recursos públicos, quién puede alcanzar más poder para someter a distintos grupos de interés o ser parte de alguno de ellos, etc. Es decir, seguir empobreciendo al conjunto del país.
Es lamentable constatar que la clase política en Bolivia carece por completo de una formación básica en alguna doctrina político-económica, aunque fuera equivocada, para enfrentar una crisis económica que promete marcar un hito histórico en el país. Las ideas improvisadas y erráticas que plantean demuestran una preocupante falta de comprensión y aplicación de medidas coherentes con la magnitud del desafío, lo cual mina la confianza del público en las instituciones que todavía quedan de pie y agrava la incertidumbre. Probablemente, la salida comience por plantear ideas para no tener que depender de esa clase política.