Más de Bs 10 MM de Guanay desaparecen en cuentas de funcionarios y concejalas denuncian trabas en el proceso contra el alcalde

Concejalas querellantes sufren amedrentamiento

Griselda Villanueva, presidenta del Concejo Municipal de Guanay (izq.) y Sofía Oraqueni, concejala a cargo del informe económico.

 

Fuente: Concejo Municipal de Guanay



Fondos entregados sin detalle de destino ni descargos, anticipos a un funcionario registrado como empresa sin respaldo de existencia, cheques irregulares y montos exuberantes para el mantenimiento del vehículo del alcalde son las irregularidades identificadas por la Comisión Económica del Concejo Municipal de Guanay y denunciadas por tres concejalas, que ahora sufren amedrentamiento. Pese a las pruebas, la querella contra el alcalde de Guanay, Víctor Ticona, no avanza en las instancias de justicia.

Sofía Oraqueni, presidenta de la Comisión Económica del Concejo Municipal de Guanay, presentó un informe que detalla la desaparición de más de Bs 10 millones en cheques y cuentas bancarias de siete funcionarios municipales y dos personas particulares. Uno de los hechos que más llama la atención es el gasto de medio millón de bolivianos en el vehículo del alcalde, cuyo modelo es del 2022.

“La vagoneta del alcalde es nueva, cómo es posible que haya gastado semejante cantidad en llantas, mantenimiento y combustible en un solo año. Este dinero ha sido sacado por su chofer y no hay respaldos ni descargos, lo mismo pasa con los otros funcionarios. Hay dos particulares que recibieron 10.000 y 50.000 bolivianos, eso no se justifica”, dijo Oraqueni.

La denuncia fue interpuesta en abril de este año ante la Fiscalía por Oraqueni; Griselda Villanueva, presidenta del Concejo Municipal; y Pablo Bernal, denominado Control Social y elegido por los vecinos. Sin embargo, pese a las pruebas, el proceso no prospera.

“La Fiscalía se está parcializando con el alcalde haciendo un gran daño al pueblo de Guanay, por eso hemos interpuesto otra demanda contra estas autoridades que deberían garantizarnos el acceso a la justicia. También nos extraña que ni la Contraloría, ni la Defensoría del Pueblo, ni el Ministerio de Justicia se pronuncian, pese a que les hemos mandando cartas”, observó Bernal.

Por otra parte, Villanueva señaló que, además de que el Ejecutivo les niega información, las concejalas denunciantes son amedrentadas y acosadas por organizaciones sociales afines al alcalde, que amenazan con sacarlas de sus cargos. «Nosotras solo cumplimos con nuestro rol de fiscalizar, para eso nos eligió el pueblo, pero tememos a que algo nos pasé».

Vea el documento: 

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