“No hay perdón para estos golpistas”: Montaño habla de procesos judiciales por la sesión que presidió Andrónico

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, señala que la sesión que fue presidida por Andrónico Rodríguez es ilegal y que el presidente oficial de la ALP, es David Choquehuanca.

 

Fuente: Unitel

Un día después de aprobarse un paquete de normas en la sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño emitió una serie de criterios sobre este encuentro legislativo. La autoridad tildó de “golpistas” a los asambleístas opositores y evistas que avalaron la sesión legislativa.



“La sesión es ilegal, es un golpe de Estado a la democracia, es un golpe de Estado a la Asamblea Legislativa porque nuestro hermano David Choquehuanca, no ha muerto y no ha renunciado. Por lo tanto, han usurpado funciones”, dijo la autoridad en referencia a la sesión legislativa.

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[Foto: Ministerio de Obras Públicas ] / El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño

Sin mencionar nombres, Montaño habló de procesos judiciales contra los promotores que convocar a sesión legislativa donde se aprobó la ley 075 de prórroga de magistrados y otras normas.

“Con toda seguridad en estos días van a haber acciones jurídicas para restablecer el orden y la democracia. No hay perdón contra estos golpistas”, dijo la autoridad.

A criterio de Montaño, la sesión que fue presidida por Andrónico Rodríguez es ilegal y que el presidente nato de la ALP, es David Choquehuanca.

Sin embargo, desde la oposición y el evismo señalan que tras el viaje del presidente Luis Arce a Rusia, Choquehuanca asume la presidencia del país y automáticamente, el presidente del Senado que es Andrónico toma el mando de la Asamblea Legislativa.

En dicha sesión presidida por Andrónico, se aprobó en su estación en grande la ley 075 de cesación de magistrados autoprorrogados, un crédito para la construcción de la doble vía Caracollo – Colomi, un decreto presidencial sobre indulto y amnistía y una resolución de asamblea para viabilizar la continuidad de las elecciones judiciales.