Cuando Evo Morales resolvió “nacionalizar el gas” decidió la suerte de Bolivia. En un contexto y tiempo diferente a la década de los 60 y 70, esta medida ya no podía provocar los gritos de liberación que se escucharon entonces, pasó a ser una triste imitación que anunciaba lo que se venía.
Los resultados están contabilizados: el gas generó algo así como 60 mil millones de dólares. En siete años esta riqueza se fue por el caño de las ambiciones políticas. Y hasta ahora parece una pesadilla. El costo social que está pagando Bolivia, es enorme.
De tener en las manos semejante riqueza, está pasando a estirar la mano en busca de ayuda internacional que le dé un respiro a la pobreza que vuelve, como antes, a ensombrecer la vida nacional.
El gas fue el último recurso natural no renovable que se explotó en aras al sostenimiento político del sector cocalero. Si quedan otros, su destino, difícilmente, será como el gas. Aún cuando el Estado quiera absorberlos para sí, los sectores sociales ya no se lo permitirán.
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Bolivia se enfrenta a un cuadro crítico. Voy a tratar de describir el mismo.
El Estado no tiene reservas para garantizar las importaciones de bienes y servicios, que incluyen materias primas e insumos de los que depende para producir. El Estado centralista decidió asumir el papel rector de la economía, hace 70 años. Bolivia ha creado un Estado que “permite” la actividad privada, mientras esta no se convierta en peligro para él. De ahí que todo, gira en torno a lo que el Estado, puede, o no, hacer.
Sin divisas, el aparato productivo nacional se detiene, las importaciones legales o ilegales se achican y sus precios se elevan. Todo, porque el Estado decide sostener un tipo de cambio apreciado y mantener un gasto fiscal de contenido político.
Este ciclo es insostenible. El dólar ha pasado Bs. 6,86 a 9.05 el día de hoy. Y llegará a Bs. 10 si las cosas continúan como hasta ahora.
El impacto en los ingresos familiares es inevitable, con sus secuelas directas. Esto se conoce como empobrecimiento social dirigido. Seguir subvencionando la gasolina y diésel es fomentar el contrabando de ellos, a costa de un desangramiento social muy grande.
Bolivia está en un camino muy sinuoso. El gobierno ha tomado, por su parte, la decisión de priorizar sus necesidades políticas, antes que las sociales.
Esto significa que mantendrá las subvenciones y el gasto fiscal, provocando una paralización gradual de las actividades, que solo podrá controlar con la militarización de las ciudades. A esto vamos.
Hay un punto en el que las ambiciones políticas y las demandas sociales colisionan. Y entonces se producen rupturas. Algo que la oposición política parece no tener en cuenta.
¿Cuánto tiempo más podría dilatar el gobierno las soluciones que la economía exige? Considerando que para importar lo que requerimos se necesitan 1 mil millones de dólares mes, y el Estado tiene no más de 160 millones de dólares disponibles, saque usted sus conclusiones.
No se trata de alarmar, se trata de prevenir y de saber lo que en el corto plazo sucederá.
Dante Napoleón Pino Archondo