Aapos aclara que el agua es un bien administrado por el Estado boliviano y anuncia procesos penales.
Fuente: https://elpotosi.net
La población de Porco, departamento de Potosí, tiene previsto desarrollar un cabildo en el que analizarán el uso que la Administración Autónoma para Obras Sanitarias (Aapos) da a las aguas del río San Juan que, según autoridades originarias, desvía para ingenios y otro municipio.
El curaca de los ayllus de Porco, Víctor Hugo Apaza Marca, denunció que la empresa que maneja las aguas que nacen en su territorio otorga las mismas a plantas de tratamiento de minerales y a otro municipio, violando acuerdos que se habían dado hace años y hacen referencia a un uso exclusivo para consumo de la población potosina.
La autoridad originaria indicó que mañana se desarrollará un gran cabildo en el que la población definirá una posición respecto al uso de las aguas que nacen en territorio de Porco.
La gente de ese municipio ya estaría informada sobre el desvío de las aguas a actividades mineras y a otras regiones, lo cual violaría los acuerdos sobre el uso del líquido.
En una anterior entrevista, el curaca de los ayllus de Porco había advertido sobre la posibilidad de que corten el líquido que viene a la ciudad de Potosí y se distribuye a la población de la zona baja.
ILEGAL
Desde Aapos se dejó en claro que la Constitución Política del Estado establece que los recursos naturales son de propiedad del pueblo boliviano y son administrados por el Estado mediante entidades fiscalizadoras.
El asesor jurídico de la empresa, Arturo Aliaga, destacó que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) otorga los permisos para el uso del agua y no son las comunidades.
Con la creación de la AAPS en 2010 se habría ratificado el registro y concesión del uso de aguas para Aapos, entre ellas la del río San Juan y cualquier intento de corte u otra acción que afecte el derecho humano del acceso al agua es un delito.
Aapos denunciará cualquier acción que signifique un atentado al uso del agua y los responsables podrían enfrentar procesos cuyas penas van de dos a seis años de reclusión.
De esa manera están sentadas las posiciones entre los comunarios de Porco que amenazan con tomar acciones contra un supuesto desvío de las aguas mientras que Aapos niega que se entregue el líquido a los ingenios.