El senador Henry Montero informó que la Contraloría General del Estado (CGE) evade a la responsabilidad de realizar el control externo, las auditorías, a los aeropuertos sin operación comercial y uno con funcionamiento deficiente, los mismos construidos con los recursos del Estado boliviano.
Fuente: Prensa Creemos
Tras la fiscalización a los seis aeropuertos enviamos una nota a la Contraloría para inicie una auditoria, pero la “Contraloría nos responde que nosotros no habríamos enviados toda la documentación necesaria de respaldo para que estos puedan iniciar su trabajo, la Contraloría miente y está evadiendo su responsabilidad de iniciar una fiscalización de estos aeropuertos que no están operando en el país (…) La contraloría tiene que emitir un informe de la auditoria a la que seguramente el ministro (Edgar) Montaño tendrá que responder porque estos aeropuertos tenían un fin y un propósito, si el propósito no se cumple, por supuesto, que es daño económico al Estado”, afirmó.
En contacto con los medios, el legislador explicó que a solicitud de la misma Contraloría, el año pasado remitimos un legajo de documentos que me fue proporcionado por el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño Rojas, para que el ente fiscalizador realice el control externo, en cumplimiento a sus deberes establecidos en la Constitución y las leyes, las auditorías a las construcciones de los aeropuertos sin operación comercial y uno con funcionamiento deficiente”, afirmó Montero.
La Contraloría, a la Petición de Informe Escrito (PIE) N° 497/2023-2024, respondió que “el informe de fiscalización citado, no adjunta información y documentación que permita programar y ejecutar auditorías de cumplimiento, por cuanto el Dr. Henry Omar Montero Mendoza, remitió únicamente el Informe de Fiscalización, con información narrativa y datos estadísticos que no constituyen en evidencia válida y suficiente sobre los hechos reportados que podrían dar lugar a posibles indicios de responsabilidad por la función pública”, informó Montero.
El legislador replicó que no es verdad el pretexto de la Contraloría porque, en noviembre de 2023, a solicitud de la misma institución entregó seis CDs y 10 fólderes con 894 fojas, documentos proporcionados por el Ministerio de Obras Públicas sobre los cinco aeropuertos sin operación comercial y uno con funcionamiento deficiente, aparte del libro de fiscalización titulado: Seis aeropuertos donde no despega una millonaria inversión.
La Contraloría General del Estado solamente efectuó un “relevamiento de información”, en una página sobre los aeropuertos: Juan Mendoza, de Oruro; Alcantarí, de Chuquisaca; El Bañado, de Monteagudo; Chimoré, en trópico de Cochabamba; Tito Yupanqui, de Copacabana; y San Ignacio de Velasco, en la provincia cruceña del mismo nombre, todos construidos con más de 1.093 millones de bolivianos; de los mismos, se desconocen los ingresos generados, los gastos, el déficit y el flujo de pasajeros, en relación de los proyectos implementados, explicó.
Montero argumentó que la Contraloría tiene establecido sus funciones en el artículo 213 y 2017 de la Constitución Política del Estado, además de los artículos 1, 3, 7, 8 y 16 de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales, y las disposiciones en el Decreto Supremo 23215, que tiene que cumplir para velar por los recursos y bienes de todos los bolivianos.