Ronald Nostas Ardaya
Industrial y ex Presidente de la Confederación de
Empresarios Privados de Bolivia
En 2021, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia presentó un estudio denominado “Bolivia 2030, Agenda de Inversión Privada” que planteaba las bases sustantivas para el desarrollo de una política integral de inversiones, a partir de diagnósticos y propuestas de especialistas en áreas como minería, litio, hidrocarburos, agroindustria, energía, tecnología, turismo e industria manufacturera.
En sus consideraciones iniciales, la CEPB adelantaba premonitoriamente que “El país enfrentará, a partir de 2021, la insuficiencia de ahorro para continuar invirtiendo y garantizar la reactivación y superación de la crisis. La posibilidad de garantizar que el Estado genere un nivel de inversión entre 22 a 25% del PIB, en una situación de fuerte déficit fiscal, es imposible, por lo que existe un espacio de inversión que, necesariamente, debe abordarse a partir de las potencialidades de la inversión privada, boliviana y extranjera”.
Pasados tres años de ese diagnóstico, y ante una situación extrema donde los recursos internos son insuficientes para atender las necesidades coyunturales y mucho menos los desafíos futuros, la variable de inversión privada reaparece como una de las pocas alternativas para enfrentar una situación de gran incertidumbre a la que la inversión pública ya no puede dar respuestas.
Lamentablemente implementar esta solución en el corto plazo resulta poco probable. Durante las últimas décadas, la atracción de capitales privados (vital para el crecimiento económico de países como Paraguay, Chile, Perú o Brasil) no solo fue relegada de las políticas públicas nacionales, sino que soportó una serie de trabas insalvables que resultaron en una disminución sostenida hasta representar los niveles más bajos de América Latina. A esta situación aportaron las deficientes leyes de Inversión, Minería e Hidrocarburos, pero fundamentalmente una política fuertemente estatista y hostil al ingreso de recursos extranjeros, que desalentaron sistemáticamente la decisión de empresas y corporaciones interesadas en asumir el desafío.
Al respecto, un reciente análisis de la Fundación Milenio, señala como limitantes a la inversión privada en Bolivia “Cuestiones como la inseguridad jurídica, la incertidumbre en las decisiones políticas, un marco normativo y regulatorio defectuoso e inconsistente, impuestos en muchos casos excesivos, la falta de incentivos adecuados y otras barreras jurídicas y administrativas”.
Pese a la persistencia de un discurso estatal que no parece entender aún esta necesidad, y quizá por la evidencia implacable de la crisis, han aparecido algunos atisbos que podrían abrir los caminos para revertir este error histórico. Autoridades como el Ministro de Hidrocarburos ya adelantaron que se prepara un proyecto normativo para ajustar la Ley del área con el objetivo de atraer inversiones para exploración, lo mismo pudiera ocurrir con el rubro de la minería y pronto será urgente revisar la Ley de Inversiones y la regulación sobre arbitrajes, además de crear una norma para el Litio.
Lamentablemente, el problema no solo pasa por la modificación de leyes. Los planes económicos nacionales se han construido sobre la base de un modelo de crecimiento endógeno que parte de la premisa ideológica que el capital privado, sobre todo extranjero, es en esencia sospechoso y se le deben poner fuertes condiciones impositivas, jurídicas y administrativas a cambio de que arriesguen capitales, tecnología y recursos en el país. Es esa traba política, más que los consabidos problemas de inestabilidad social, deficiente infraestructura e insuficiente desarrollo del mercado, lo que impide que un país tan rico y atractivo como Bolivia, se beneficie hoy de los ingentes capitales de inversión que podrían impulsar su desarrollo.
El estatismo excluyente no solo desincentivó las inversiones, sino que es responsable de que nuestro país presente los peores resultados en indicadores como el entorno de negocios, derecho a la propiedad, complejidad corporativa, ecosistema emprendedor, percepción de la corrupción y riesgo país, todos ellos fundamentales para generar confianza en los inversionistas.
Mientras permanezca esta visión anacrónica y retrógrada, proyectos y alternativas para explotar las riquezas minerales, el enorme potencial agroindustrial, maderero y ganadero, las aún existentes reservas de gas, el desarrollo de energías alternativas, además de otras áreas como el turismo y la industria manufacturera, permanecerán inactivas e inútiles, y nuestro país seguirá sumido en el atraso económico y tecnológico, espectando cómo otros países aprovechan las grandes oportunidades que solo pueden desarrollarse con una inversión privada segura, protegida y promovida. El desafío y la necesidad de acceder a inversiones privadas son tan grandes como las dudas de que bajo el actual modelo de desarrollo puedan alcanzarse.