La organización política a la que pertenece el empresario Samuel Doria Medina sostiene que el poder del pueblo descansa en sus representantes y no en los jueces en los que se apoya el Ejecutivo para impedir el funcionamiento de la democracia.
Fuente: ANF
Tras la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional que se realizó pese a un recurso de nulidad de por medio, Unidad Nacional (UN) expresó su “firme apoyo” a la “rebelión” parlamentaria en contra de la “dictadura judicial” instrumentalizada por el gobierno de Luis Arce.
“Unidad Nacional, desde fuera de la Asamblea Legislativa, expresa su firme apoyo a la rebelión de la mayoría parlamentaria contra la dictadura judicial instrumentada por el Gobierno de Luis Arce, la cual se expresa en la aprobación de una ley de suspensión de los magistrados autoprorrogados.
La organización política a la que pertenece el empresario Samuel Doria Medina sostiene que el poder del pueblo descansa en sus representantes y no en los jueces en los que se apoya el Ejecutivo para impedir el funcionamiento de la democracia.
“El pleno de la Asamblea de hoy ha demostrado que Arce no cuenta con mayoría parlamentaria y lo único que tiene es su indignante dominio sobre el Tribunal Constitucional Plurinacional, además de recursos innobles como mandar a apagar la luz y a fumigar el hemiciclo parlamentario”, se lee en su comunicado.
La Asamblea Legislativa sesionó con 106 senadores y diputados, se instaló a convocatoria del presidente en ejercicio Andrónico Rodríguez, pese a que esta mañana el Tribunal Constitucional Plurinacional admitió un recurso de nulidad de la Convocatoria a la Séptima Sesión Ordinaria.
UN considera que es muy probable que el Ejecutivo a la cabeza del presidente Luis Arce se resista a cumplir con las decisiones del legislativo, si eso ocurre cree tanto el gobierno y los magistrados autoprorrogados “acrecentarán la sombra de ilegitimidad que cubre sus actos”.
Plantea que ante este “choque de poderes”, el Gobierno se avenga a buscar y aceptar un acuerdo con la oposición que garantice una transición ordenada de los altos tribunales, la aprobación de créditos y las elecciones judiciales.
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