En el país hay tres millones de niños y adolescentes trabajadores, según datos oficiales del INE.
Miguel, con 10 años encima, ingresa dos veces por semana a uno de los socavones de una mina para extraer el poco mineral de plata y estaño que queda en las entrañas del legendario Cerro Rico de Potosí.
La diminuta figura de Miguel se desliza por las rocas y se pierde en los oscuros socavones donde sólo es alumbrado por una lámpara incrustada en su casco. Tras horas dentro de los parajes carga una pesada bolsa que tiene el doble de su peso. A cambio de ello recibe 100 bolivianos.
Miguel representa a los casi 300 mil niños y adolescentes que deben realizar trabajos peligrosos o insalubres para sobrevivir. Algunos son cabeza de familia porque deben mantener a sus hermanos o padres enfermos.
Aunque existe una elevada disminución de niños trabajadores, en relación con datos de 2016, niños y adolescentes todavía realizan trabajos insalubres, peligrosos o dañinos para su salud.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2019 aproximadamente 297 mil niños, niñas y adolescentes de cinco a 17 años (9,7 por ciento del total de esa población), estaban involucrados en actividades laborales o trabajos prohibidos para su edad, pues son peligrosos, insalubres o atentatorios a su dignidad.
Este dato muestra una disminución respecto a 2016, cuando aproximadamente 393 mil niños (13%), trabajaban bajo condiciones prohibidas por el Código Niña, Niño y Adolescente vigente.
“Si bien la normativa vigente en Bolivia está en consonancia con las orientaciones internacionales sobre la definición del trabajo infantil y cómo identificar las actividades peligrosas por su naturaleza y condición, aún faltan medidas de prevención y protección social que alejen a las niñas, niños y adolescentes de actividades laborales que vulneren sus derechos a recibir educación, cuidado a su salud y seguridad”, afirma Paola Vásquez, oficial de Protección del Fondo de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).