William Alave Laura, fiscal departamental de La Paz, sostiene que uno de sus principales retos es cambiar el perfil de la institución que dirige. Explica que el Ministerio Público “tiene que ser capaz de ver el dolor de la gente”.
En entrevista con Visión 360, Alave dice que el papel del Ministerio Público en la Justicia ciertamente cuestionado. “No existe la confianza de la ciudadanía en plenitud”, asegura y explica que uno de los problemas es la dependencia económica del Órgano Judicial respecto al Legislativo y el Ejecutivo.
¿Quién es William Alave Laura?
Soy un abogado profesional de la ciudad de La Paz. Estudié en el colegio San Simón de Ayacucho y en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). También realicé posgrados en España y en Bolivia, todo en Derecho. Recientemente saqué un doctorado en la UMSA.
Empecé como asistente legal en Asistencia Pública, de apoyo a los reos. Posteriormente fui promovido como abogado defensor público.
Llegué a ser parte del equipo de investigación de Derechos Humanos con el que contaba doña Ana María Romero de Campero en el Defensor del Pueblo.
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En la Fiscalía Departamental de La Paz comencé a trabajar primero como fiscal de Recursos, a mis 26 años. Apoyaba al Fiscal General y posteriormente ascendí como vocal de la Corte Departamental de La Paz e, incluso, llegué a ser presidente del Tribunal de Justicia de La Paz a mis 33 años.
Estuve en Sucre, como magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia. Finalmente fui invitado por el Fiscal General del Estado para ocupar el cargo que ejerzo desde hace tres años.
¿Se especializó en Derecho Penal u otra área?
En Derecho Penal, ya que mi primer trabajo, asistente legal, tenía mucho que ver con esta área de la Justicia. Posteriormente fui vocal en las salas penales y llevé juicios de responsabilidades (por ejemplo), contra (el exprefecto de La Paz Luis Alberto) Chito Valle y (el exministro Fernando) Kieffer, que estaban dentro de los penales.
¿Cuando decidió ser abogado, apuntó al Derecho Penal o se enfocó en otra área?
(Risas) Cuando comencé a estudiar no había una especialización. Teníamos que estudiar los cinco años y, de ahí, buscar nuestro camino, cuando salíamos profesionales.
Más que especializarnos, lo que hacíamos era formar un perfil, ya sea por cursos posteriores o por el trabajo. Y mi mayor actividad profesional fue en el área penal.
¿Cómo llegó al cargo que actualmente ocupa y cuánto tiempo le queda para ejercer el puesto?
Fue resultado de una invitación por parte del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa Ponce, para que pueda formar parte del equipo. En ese tiempo era vocal en las salas penales de La Paz.
La gestión, por ley, es de cuatro años, que puede ampliarse por otros cuatro más. Pero, la permanencia también está ligada a la gestión del Fiscal General, que en septiembre termina su período.
Ese mes, la Asamblea Legislativa tiene que considerar un nuevo fiscal general, que debe ingresar a trabajar en octubre. La nueva autoridad definirá si mantiene a los actuales funcionarios o invita a nuevos.
¿Cómo encontró la Fiscalía de La Paz, qué avances pudo concretar y qué metas aún se encuentran en su lista de espera?
La encontré en medio de un caso muy complicado: el caso del bebé Alexander, en el que un bebé murió en una casa de acogida y se encarceló a un médico, acusándolo de abusar sexualmente del niño.
Tuvimos que retomar el caso y, en primer lugar, vimos que no hubo violación y que el proceso fue manipulado de forma maliciosa. Es por eso que al fiscal que me antecedió le seguimos un proceso.
Fue un momento muy difícil, ya que la Fiscalía estaba siendo muy cuestionada por la población precisamente por ese caso. Tuvimos que trabajar en levantar nuevamente la imagen de la institución, lograr que la gente confíe en los fiscales.
No fue el único proceso difícil. Entre otros, tenemos el caso Senkata, que nos obligó a realizar varias autopsias a lo largo de casi ocho horas, encerrados en una capilla; casos desgarradores de feminicidios los que, gracias Dios, fueron resueltos.
En La Paz tenemos una mayor cantidad de casos de feminicidios del país, pero también tenemos una resolución de 80%. Está el caso del psicópata Richard (Choque), que secuestraba y mataba a sus víctimas y que manipulaba a las autoridades y tuvimos que trabajar mucho para lograr su condena.
Y ahora tenemos un caso particular: el de la desaparición de Odalys (Vaquiata). Son temas que nos tienen trabajando hasta altas horas de la noche, haciendo las investigaciones, creando las líneas de tiempo para establecer qué es lo que ha pasado.
¿Cuáles son los retos que le quedan por superar?
Hay muchos. Entendemos que la ciudadanía no confía en nuestra Justicia, porque hay casos en los que la Justicia no responde a la gente.
Tenemos que cambiar el perfil de la Fiscalía de La Paz, en el sentido de que no sea una institución que sólo se dedique a ver papeles, vea el sistema. Tiene que ser capaz de ver el dolor de la gente, que exista una relación entre víctima y fiscal para un mejor trabajo de apoyo.
Necesitamos fortalecer en el área psicosocial: tener un psicólogo o trabajador social, que ayude con las víctimas, especialmente en la Ley 348 (Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia).
Tenemos que impedir que se revictimice a los afectados. Tenemos que facilitar instrumentos y cámaras Gesell para todos los municipios. No hay que olvidar que en el área rural también se dan casos de violencia contra las mujeres y, por tanto, requieren tratamientos especiales.
Tenemos un proyecto en el cual los gobiernos municipales colaborarán en la creación de un laboratorio forense.
¿El mayor número de feminicidios en La Paz es un reflejo de lo que ocurre, o es que hay más denuncias que en otras regiones del país?
Hay más denuncias que en otros departamentos. Tenemos entre un 51 y 52% de denuncias. Es decir que en La Paz atendemos más de la mitad de crímenes como homicidios, violaciones, estafas y robos.
Contamos con 34 fiscales, en La Paz y El Alto, para ese tipo de denuncias, pero no es suficiente. Necesitamos tener más personal para resolver más casos.
Tenemos que tener todo un equipo social. Tanto para atender a las víctimas, como para identificar las denuncias falsas.
¿Cuál fue el caso más difícil que tomó en su carrera?
El de Senkata, por el número de personas y el de autoridades implicadas. También afectó el tamaño del área de investigación, muy amplio, ya que abarcaba todo Senkata. Encontramos heridos, pero no las balas que los lastimaron… Fue un trabajo técnico muy complicado, aunque sí contamos con todo el apoyo de la Fiscalía General para llegar a una acusación.
Fue parte de los fiscales que investigaron casos emblemáticos como Beechcraft, Chitochatarra y Prosegur, y fue designado, en dos oportunidades, como Fiscal Departamental de La Paz. Con esa experiencia, ¿cómo ve ahora el papel del Ministerio Público en la Justicia boliviana?
No muy bueno. No existe la confianza de la ciudadanía en plenitud. No voy a decir que las cosas “están bien” ahora, porque no lo están.
Desgraciadamente las instituciones judiciales en Latinoamérica no cuentan con un presupuesto correcto por parte del Estado. Eso genera una debilidad institucional y una dependencia inaceptable, que lleva a ceder ante presiones.
Necesitamos más personal capacitado e insumos para que el público sienta confianza de acercarse a nosotros, que no tema que le hagan cobros irregulares para atender su caso.
¿Su gestión aportó de alguna manera a disminuir la retardación de Justicia o considera que el problema va más allá de lo que puede hacer una sola gestión fiscal?
Es un problema estructural, porque existen plazos, pero un amparo puede derrumbar todo.
Existen normas internacionales que nos demandan un debido proceso y un plazo de cumplimiento adecuado. Pero no cumplimos porque existe una sobredemanda de procesos y los jueces no están revisando correctamente caso por caso.
En la Fiscalía se creó el sistema JL, que evalúa la velocidad procesal del fiscal. Si se tarda mucho, el fiscal en cuestión recibe una luz roja, la cual le advierte que debe acelerar el ritmo.
Eso no ocurre en el Órgano Judicial. Si se tuviera un programa similar, podríamos resolver el problema de la retardación de justicia.
En La Paz tenemos mayor cantidad de casos de feminicidio, pero también una resolución de 80%.
¿Qué tiene que decir respecto a las recurrentes denuncias de que el Ministerio Público se ha convertido en un brazo político?
Este es un problema estructural, pero no solo de Bolivia, sino también de otros países de Latinoamérica.
Ya le decía anteriormente que preocupa el grado de dependencia económica del Poder Judicial respecto al Ejecutivo y Legislativo, lo que lo hace vulnerable. El Ministerio Público, si bien es una institución autónoma, no cuenta con los recursos adecuados para ser fuerte.
Lo mismo ocurre en Perú, Colombia y Ecuador. Vimos recientemente situaciones muy graves en esos países. Si nosotros no enfrentamos esta situación como Estado, siempre vamos a tener una dependencia.
No es algo nuevo. Hace casi ya dos siglos atrás ya existía ese reclamo, como lo manifestó Pantaleón Dalence Jiménez (1815-1892). El Padre de la Justicia Boliviana señalaba, en sus discursos de inauguración del año jurídico, que la Justicia era dependiente, por su necesidad de obtener dinero del Estado.
Entendemos que la ciudadanía no confía, porque hay casos en los que la Justicia no responde
¿Ayudaría una digitalización general?
Estamos haciendo un proceso así, lo que nos permite transparentar el trabajo de un fiscal. Este ya no podrá ocultar expedientes y plazos, porque tiene que meter todos sus datos al sistema. Pero, en este caso, el Órgano Judicial no nos está acompañando.
Si podemos tener todo el sistema, en el que podamos hacer seguimiento a todos los procesos, nos ayudará a conseguir la política de cero papel.
Las instituciones judiciales en Latinoamérica no cuentan con presupuesto por parte del Estado.
¿Qué reformas considera imprescindibles para mejorar el papel de la Justicia y en particular de la Fiscalía?
Una muy importante es la institucionalización; es decir, que los fiscales, jueces y otras autoridades sean debidamente electas a través de un sistema de selección de méritos o mediante exámenes, y que se tenga la garantía que, fuera de sanciones o la realización de crímenes, no sean removidas de forma arbitraria, perjudicando así los procesos.
¿Qué medidas se han puesto en marcha o están en proceso para mejorar la atención de víctimas de violencia?
Tenemos una política para evitar la revictimización de personas dentro de la Ley 348. Pero considero que este concepto debe ser transversal. Una persona que fue asaltada y en el juzgado se encontró con su agresor, obvio que fue revictimizada.
Para ello tenemos una gran herramienta, que es la cámara Gesell, el cuarto separado por un vidrio que impide la visión de un lado y tiene monitoreo de sonido. Por lo que la víctima puede reconocer al agresor, sin que este la vea. Y eso nos sirve de prueba en los juzgados e impide que el denunciante se encuentre cara a cara con el atacante. En la Fiscalía tenemos dos en La Paz.
Además, la persona declarante contará con el apoyo de un psicólogo para ayudarle o descubrir la manipulación. Por ejemplo, en casos de violencia de género eso nos ayudó a identificar denuncias falsas o testimonios influenciados por una parte. Pero necesitamos más. Tenemos que instalar en otras ciudades del departamento, algo que aún no podemos hacerlo.
Tenemos una política para evitar la revictimización de personas dentro de la Ley 348.
¿Tienen proyectos de educación y prevención, parecidos al programa Dino?
Sí, tenemos programas de educación y prevención de ese tipo en diferentes niveles, que se aplican tanto en las ciudades como en el área rural.
Pero esta es una iniciativa que debería ser transversal. Ayudaría a que se conozca a los grupos vulnerables y los crímenes contra ellos. Por ejemplo, poco se habla de los delitos de estafas contra las personas mayores, a quienes incluso les quitan las propiedades donde viven.
¿Cuál es el trabajo de un fiscal departamental?
Primero es controlar el trabajo de todos los fiscales y personal de la institución. En La Paz tenemos 234 fiscales.
También es responsable de verificar la labor del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF). Tenemos un personal de unas 330 personas, entre administrativos y otros cargos.
También tenemos que dirigir políticas generales en cada unidad. El generar procedimientos abreviados en casos como el del feminicidio, especialmente en quienes fueron pescados en flagrancia. Hacemos políticas en sustancias controladas, medioambiente y otras.
Debemos verificar los casos. Todas las semanas tenemos sesiones de Zoom con las partes y, así, identificar a fiscales que estén actuando mal. En mi gestión, tres terminaron en la cárcel.
Perfil
– Formación William Alave Laura estudió en el colegio San Simón de Ayacucho de la ciudad de La Paz. Es licenciado en Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Tiene masterados en Bolivia y España, además de un doctorado. Cuenta además con diferentes cursos de especialización.
– Inicios Comenzó a trabajar como asistente legal en Asistencia Pública, de apoyo a los privados de libertad. Fue abogado defensor público, lo que le llevó a dedicarse al derecho penal.
– Trabajo Ingresó al Ministerio Público a los 26 años, cuando fue fiscal de recursos. Durante su carrera profesional también fue vocal y presidente de la Corte Departamental de Justicia. Ya lleva tres años como Fiscal Departamental de La Paz.