Fuente: rt.com
Una investigación de la Comisión Real de Nueva Zelanda encontró que de los aproximadamente 655.000 niños, jóvenes y adultos que estuvieron bajo tutela en los centros estatales y religiosos nacionales entre 1950 y 2019, al menos 200.000 «se vieron expuestos a abusos físicos, emocionales, mentales y sexuales inimaginables; a una explotación y un abandono graves».
El informe tacha estas «graves violaciones» de «vergüenza nacional» y destaca que tenían un carácter «generalizado durante todo el período de la investigación en las instituciones de atención estatales y religiosas». Se indica que el número real de personas abusadas en estas circunstancias «nunca se conocerá con exactitud, ya que no se crearon registros de las personas más vulnerables en Nueva Zelanda o se perdieron y, en algunos casos, se destruyeron».
El mayor dolor posible
De acuerdo con la investigación, «el abuso físico fue frecuente en todos los entornos» y, en algunos casos, «el personal llegó a extremos para infligir el mayor dolor posible utilizando armas y descargas eléctricas«. Además, «los abusos sexuales eran habituales en los centros de atención estatales y religiosos».
«Los abusadores inducían a niños, jóvenes y adultos a su cuidado a confiar en ellos. […] Muchos sobrevivientes fueron agredidos sexualmente, violados y obligados a realizar actos sexuales. El abuso sexual se utilizó para castigar e intimidar«, reza el informe, que indica que los maltratos y abusos también se basaban en ideas racistas hacia las etnias aborígenes locales, como los maoríes.
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Reacción de las autoridades
El primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, en una rueda de prensa este miércoles lamentó los hechos descubiertos por la Comisión Real. «Este es un día oscuro y triste en la historia de Nueva Zelanda como sociedad y como Estado. Deberíamos haberlo hecho mejor y estoy decidido a que lo hagamos», aseveró.
La disculpa oficial de las autoridades ante las personas abusadas en dichas circunstancias se emitirá el 12 de noviembre. Además, los abusos descubiertos podrían costar al Gobierno neozelandés miles de millones de dólares en reclamos de compensación.