Fuente: ANF
La Paz. – A casi un año de la fuga de Sebastián Marset, el Ministerio Público presentó una imputación por legitimación de ganancias ilícitas, hecho que fue cuestionado por el especialista en seguridad y administración de conflictos, Gregorio Lanza, quien advirtió que existe una política de protección regulada del narcotráfico en el país.
“Que a un año del escape de Marset recién la fiscalía esté convocando para la próxima semana a una audiencia cautelar y pedir una extradición, está demostrando una actitud de dilación que, además, muestra complicidad y encubrimiento, que no es solamente de fiscales, jueces y policías, sino que hay que establecer antecedentes fundamentales”, afirmó Lanza en declaraciones a la ANF.
El fiscal cruceño José Luis Flores informó que la audiencia por la supuesta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas contra el capo uruguayo del narcotráfico Sebastián Marset fue fijada para el 24 de julio de este año. En pasados días la fiscalía lo imputó en rebeldía en un proceso por tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación.
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A la vez, Lanza dijo que existe una política de protección regulada a quienes están sindicadas con delitos de narcotráfico, donde forman parte jueces, fiscales y policías. Además, señaló que a ese factor se suman otros: la falta de institucionalidad que datan desde gobiernos pasados y la precariedad del Estado para enfrentar esos hechos, que refleja el fracaso de la política antidroga.
“Esta es una política de protección regulada al narcotráfico. Además, los otros dos factores que crean condiciones para este hecho son la falta de institucionalidad en el país, fenómeno que viene de otros gobiernos y se agrava en el de Evo Morales y, finalmente, el gran poder que tiene el narcotráfico lo que en última instancia está planteando el fracaso de la política antidroga no solamente de Bolivia, sino a nivel internacional”, explicó.
Sin embargo, Lanza fue más allá, consideró que la protección y encubrimiento a Marset data desde el gobierno de Evo Morales, los opositores cuestionaron que el exmandatario pese a su investidura continúa siendo líder de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, el Chapare es una de las regiones donde se incrementó los cultivos de coca que es materia prima para la cocaína.
“Entonces, esta relación ha hecho que Marset tenga protección en Bolivia durante 5 años a partir de su llegada en 2018 hasta el 2023, donde era inevitable que se ponga en evidencia el caso y no había muchos indicios de que eso estaba sucediendo. Por tanto, tenía que develarse y se realizó un operativo fallido con un gran show de 2.500 policías, más de 30 detenidos”, añadió.
En rebeldía
En ese sentido, la criminóloga Gabriela Reyes cuestionó que el Ministerio Público actúe de forma inmediata para declarar a Marset en rebeldía, en caso de que se haga efectiva esa decisión, advirtió que el uruguayo ya no sería investigado tomando en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que establece que ningún procesado puede ser juzgado en rebeldía.
“A mí me llama la atención un elemento, hace unas semanas ha sacado una resolución constitucional que dice que las personas que están fuera del país no van a ser juzgadas en Rebeldía. Entonces, llama la atención con la rapidez que la fiscalía quiere pedir que Sebastián Marset sea declarado en rebeldía, eso implica que ya no habría más investigaciones vinculadas a este caso”, puntualizó.
Con detención domiciliaria
Por otra parte, el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, en entrevista con Asuntos Centrales, confirmó que casi la totalidad de las personas que fueron vinculadas con el capo uruguayo fueron beneficiadas con detención domiciliaria, mismas que pertenecían a la estructura criminal liderada por Marset.
“Efectivamente, existen varias personas que se han beneficiado con detención domiciliaria en este proceso, las personas que estaban aprehendidas formaban parte de la estructura que tenía tres niveles: la principal era la estructura del lavado de activos, la segunda se encargaba de su defensa legal y, la tercera, era una estructura paramilitar”, precisó.
Al respecto, Reyes cuestionó que la autoridad no se haya referido a aquellos que se dedicaban al tráfico de sustancias controladas desde Bolivia hacia Europa. Además, observó que no se haya investigado cómo y con ayuda de quién fugó del país.
“El viceministro ha dicho que Marset operaba con un grupo que tenía tres estructuras: lavado de dinero, protección judicial y una estructura casi paramilitar que lo protegía; sin embargo, el viceministro nunca ha mencionado la estructura más importante que era la de producción, tráfico y transporte de cocaína a Paraguay, Brasil y Uruguay para luego ser enviada a Europa”, especificó.
Marset fugó del país el sábado 29 de julio de 2023, un megaoperativo de la Policía Boliviana que se había activado para su captura en Santa Cruz, fracasó. El fugitivo vivió en el país sin ningún problema, con una identidad falsa, jugaba en un equipo de balón pie, tenía un círculo de amistades e incluso de negocios.
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