Exigieron mejores condiciones de vida y la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras Argueta. Reclamaron a su presidente, Bernardo Arévalo, que “responda a la población”.
Una integrante del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) sostiene un cartel en una marcha este miércoles, en Ciudad de Guatemala (Guatemala) (EFE/ David Toro)
Fuente: Infobae
Cientos de campesinos de diferentes departamentos de Guatemala se han reunido este miércoles en distintos puntos de la capital, para exigir al gobierno que cumpla su promesa de campaña sobre la destitución de la fiscal general y contra el alto costo de la canasta básica.
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Se trata de la primera manifestación de campesinos desde que el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo asumió el poder en enero. La marcha fue convocada y organizada por el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), uno de los principales colectivos indígenas del país centroamericano.
Portando banderas blancas con el logotipo CODECA, cientos de campesinos se aglutinaron frente al Palacio Nacional.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo (AP Foto/Santiago Billy)
Vicenta Jerónimo, ex diputada indígena y una de las líderes históricas de CODECA, dijo a The Associated Press que lo que exigen del presidente Arévalo es que “responda a la población”. Reclamó: “Nosotros estuvimos en las calles apoyando para que tomara posesión y aún no vemos cambios, deben terminar los desalojos de tierras, la gente se queda sin nada, sin un techo en su cabeza”.
Jerónimo explicó a periodistas que “las peticiones de los pueblos son exigir bajar el costo de la canasta básica, porque en estos momentos es lamentable la situación”.
De acuerdo a diversas fuentes, los precios de los productos básicos de alimentación en Guatemala han subido de precio en las últimas semanas, en especial debido a las lluvias y a los daños que sufren las principales carreteras del país, un contratiempo para el transporte comercial.
Fotografía de archivo en donde se ve a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras Argueta, mientras asiste a una conferencia de prensa en Ciudad de Guatemala (Guatemala) (EFE/Oliver de Ros)La ex diputada del Congreso añadió: “También exigimos al Gobierno de Guatemala que nacionalice la energía eléctrica y cese la persecución en contra de defensores de derechos humanos”.
En el mismo sentido, Jerónimo pidió la renuncia de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras Argueta, quien ha sido señalada de “socavar” la Justicia en Guatemala por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, que la sancionaron con la prohibición de ingreso a su territorio.
Una de las promesas de campaña de Arévalo fue que cuando llegara al poder impulsaría la salida de Porras. Sin embargo, debido a varios recursos legales, la funcionaria aún sigue en su cargo y ha continuado investigando y procesando a opositores, especialmente al partido de gobierno y a funcionarios del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Imagen de archivo. Una persona sostiene pancartas contra el fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche y la fiscal general del país centroamericano Consuelo Porras durante una protesta frente a la Corte Suprema de Justicia en la Ciudad de Guatemala, Guatemala. (18 de septiembre de 2023) (REUTERS/Luis Echeverría)En 2023, cuando Arévalo ganó la presidencia, Porras y los políticos perdedores de la contienda encabezaron acciones legales contra el partido Movimiento Semilla de Arévalo, funcionarios y empleados del TSE.
La fiscalía dirigida por Porras intentó también que se declarara un fraude electoral pero no tuvo eco y Arévalo fue juramentado como presidente. Las investigaciones de la fiscalía continúan pese a que Arévalo y los funcionarios electorales gozan de inmunidad.
Las demandas de los campesinos también incluyen la renuncia de otros funcionarios del Ministerio Público como el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, y el juez Fredy Orellana por considerar que lideran estructuras dentro del sistema de justicia que criminaliza a opositores políticos y periodistas. Ellos también fueron sancionados por el gobierno estadunidense y otros 40 países de la Unión Europea y Canadá.
Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (REUTERS/Cristina Chiquin)Valerio Méndez, un campesino de 60 años que llegó desde el municipio de Concepción Tutuapa en el departamento de San Marcos, fronterizo con México, dijo que se levantó de madrugada para llegar a tiempo a la capital a protestar. ”Venimos desde lejos, allá hay gente que no tiene ni qué comer, hay cobros abusivos de energía eléctrica, queremos que el presidente nos apoye y nos responda”, dijo Méndez.
La organización indígena promovió en 2023 la candidatura de la líder Thelma Cabrera para los comicios presidenciales de dicho año. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral no permitió la participación de Cabrera y de otros candidatos de peso, en una decisión ampliamente criticada a nivel local e internacional.
Cabrera culminó en el cuarto lugar de las elecciones presidenciales de 2019 con casi 500.000 votos, ganadas en aquel año por Alejandro Giammattei, quien gobernó el país desde 2020 hasta enero pasado.
(Con información de AP y EFE)