La madre de Odalys denunció que Joel Pérez y sus padres, procesados por el delito de feminicidio y complicidad, buscaban liberarse de la condena porque no hay el cuerpo del delito.
Fuente: Red Uno
Pasaron tres meses desde la desaparición de Odalys Vaquiata, que no volvió de un viaje que realizó a los Yungas de La Paz junto a su enamorado Joel Pérez. La familia ruega porque se encuentre el cuerpo de la joven madre.
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Joel fue inculpado inicialmente por el delito de trata y tráfico de personas, ahora está siendo procesado por feminicidio, y sus padres fueron detenidos por complicidad. La decisión se tomó tras la Inspección Técnica Ocular seguida de reconstrucción.
Mabel Quispe pide encontrar a su hija Odalys lo antes posible, pues teme que queden en libertad ya que ellos apelan a que «sin cuerpo, no hay delito».
«Al principio su papá y sus abogados ya dijeron que si no hay cuerpo, no hay delito, entonces no tenía porqué preocuparse Joel, eso dijeron», afirmó Quispe.
El fiscal Departamental de La Paz, William Alave, dijo que se analiza el caso procesalmente. “Tenemos antecedentes en nuestra legislación y se ha condenado a personas aún sin aparecer los cadáveres”, afirmó cuando se anunció la ampliación de la imputación contra Joel.
“Incluso hay un antecedente con un auto supremo y por ello en un momento nos hemos hecho esa pregunta, pero existiendo antecedentes, no podemos dejar de lado ese hecho para buscar una sanción por el delito de feminicidio”, añadió Alave.
Sin cuerpo sí hay delito
Desde que informó sobre la desaparición de Odalys, tras supuestamente haber peleado, Joel ha dado varias versiones de lo ocurrido y continúa implicando a más personas, como su amigo policía a quien llamó el día de los hechos y testigos que, según él, vieron a Odalys con otro hombre y en una ubicación diferente.
El caso ya fue ampliado a feminicidio. Pero aquí entra en cuestión la doctrina del corpus delicti (“cuerpo del delito”), que tiene su origen en la jurisprudencia anglosajona del siglo XVII que refiere que «nadie debe ser condenado por un delito sin evidencia suficientes de que el delito realmente ocurrió».
Se presume Joel busca evadir su responsabilidad al no decir dónde está Odalys porque, en Bolivia, el delito de trata y tráfico de personas tiene una pena de 10 a 15 años de prisión y puede sumar otros 5 años en caso de ser la pareja de la víctima. En tanto que el feminicidio tiene una pena de 30 años de prisión.
Según el abogado penalista y especialista forense, Cristian Sánchez, hasta hace pocos años algunos tribunales de justicia tenían el criterio que la muerte violenta de una persona, feminicidio, asesinato u homicidio, no se podía demostrar hasta que apareciera el cadáver, pero esta situación ha sido vencida, por criterios nuevos con evidencia periférica, circunstancial o indirecta que explican el hecho.
“En el caso reciente eventualmente puede generarse una estrategia similar. Por eso, la investigación de la Fiscalía y Policía debe ser de suficiente calidad en el sentido de que se encuentren indicios para determinar el paradero de la mujer, si está viva o muerta (…) Y si estaría muerta que todos los indicios den cuenta que no exista otra posibilidad, que ya no esté viva. Esto se explica con el hecho de que no se contacte con su mamá, que no haya ningún registro de videocámara de ella después del evento, que haya cesado en su actividad digital, estas son evidencias circunstanciales que dan cuenta que la mujer está fallecida, en mi criterio”, remarcó.
Lo que debe seguir en la investigación, dice Sánchez, es establecer una vinculación con el imputado o detenido, con la finalidad de generar la certeza de que este es el único responsable y no establecerse una duda que eventualmente genere otra hipótesis.
“El hecho de desaparecer el cuerpo u armas usadas no implica que no haya una sanción penal, la investigación moderna y los nuevos criterios de abordaje de esta clase de eventos dan cuenta de que el hecho de desaparecer el cadáver o arma usada es parte de una estrategia que garantiza impunidad y una obstaculización de la verdad”, concluyó.
El abogado Porfirio Machado también comentó que, ante un crimen de esta naturaleza, es posible que un tribunal tome la decisión de condena sin que exista el cuerpo. «La corriente latinoamericana, en una conquista de las mujeres en busca de justicia, han logrado basta jurisprudencia aquel entendimiento», agregó.
«Cuanto las pruebas son sustentables para establecer que se ha cometido el delito de feminicidio, así no exista el cuerpo, se puede atribuir esta responsabilidad penal y se puede sentenciar. Se tiene que investigar y se tiene que encontrar todas las pruebas que permitan sustentar este tipo penal de feminicidio al Ministerio Público y a las autoridades jurisdiccionales», afirmó también el abogado penalista Andrés Zúñiga, en declaraciones a Bolivia TV.
Tres condenados sin encontrar el cuerpo
Los antecedentes en Bolivia son tres personas sentenciadas por feminicidios, sin que se hubiese hallado los cuerpos de las víctimas.
El primero fue en 2022, cuando Alejandro Mark Torrico Gonzáles, de 52 años en ese entonces, fue sentenciado en Santa Cruz por el asesinato de Nancy, tras varios años de investigación. La víctima fue vista por última vez en julio de 2019.
«En el caso de Nancy Villarroel (en 2019 en Santa Cruz) no hubo el cadáver porque el agresor, para buscar su impunidad, nunca manifestó a la Policía o familia donde yacía el cuerpo”, explicó Sánchez.
Así, en base una investigación minuciosa se determinó que Alejandro Mark Torrico Gonzáles había ocultado el cadáver de Nancy, para garantizar su impunidad u ocultar la verdad. Por ello, el experto cree que en el caso actual de Odalys, se podría estar manejando una estrategia similar.
También en 2022, se condenó a Zenón Achacollo, que tenía 35 años, en Oruro. Su víctima desapareció en 2020. Era su esposa, Adriana Toco Policarpio, de 27 años.
Posteriormente, en 2023, se sentenció a Pablo Burgos Santos, de 34 años, en Tarija, por el asesinato de su expareja Mariluz Márquez. El feminicida cumple una sentencia de 30 años sin derecho indulto.