El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, dos exministros y un exviceministro están acusados por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
El juicio de responsabilidades en contra del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y otros implicados por el ‘caso Petrocontratos’ se reactivó la mañana del martes en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), según lo confirmó la Procuraduría General del Estado.
“En este momento preciso se ha reinstalado la audiencia del caso petrocontratos, quienes estamos sosteniendo la acusación del Ministerio Público por los graves delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes”, informó el procurador Cesar Siles.
[Foto: EFE ] / El expresidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada
La autoridad espera que la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, pueda avanzar con los incidentes que aún están pendientes.
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Dentro de este caso, los exministros de Hidrocarburos, Carlos López Quiroga, Jorge Berindoague Alcócer y el exviceministro Carlos Contreras siguen siendo procesados.
“Este proceso inició en su investigación en 2005, la imputación se formalizó en 2013, y a la acusación data de hace unos 5 o 6 años atrás, esperemos que ahora pueda imprimirse celeridad al caso, corresponde el juzgamiento en única instancia al Tribunal Supremo de Justicia”, dijo Siles.
Pese a que existe una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional que declara inconstitucional los juicios en rebeldía, Siles asegura que esa sentencia especifica que no se aplica a casos que fueron abiertos con anterioridad y por ello, este proceso seguirá su curso.
El ‘caso Petrocontratos’ se activó el 2005 contra los expresidentes Sánchez de Lozada y Jorge Tuto Quiroga, además del exministro Carlos Alberto Contreras del Solar y otros implicados.
Quiroga, que era procesado por la Fiscalía por los delitos de incumplimiento de deberes formales y conducta antieconómica por la presunta firma de contratos petroleros para la exploración de hidrocarburos en el territorio nacional sin autorización del Congreso.
La exautoridad se acogió a un decreto de amnistía promulgado por Evo Morales en 2018 y fue excluido del caso.
Sánchez de Lozada, Contreras del Solar y otros implicados están acusados por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Las acusaciones están relacionadas con la firma de contratos con 21 empresas transnacionales para tareas de verificación y explotación de reservas hidrocarburíferas. Los documentos fueron suscritos sin la autorización del Legislativo.