Al menos 176 niñas y niños de El Salvador quedaron en orfandad por la muerte de alguno de sus progenitores presos bajo el régimen de excepción usado por el presidente Nayib Bukele desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas, según denunció el miércoles (10.07.2024) la organización de derechos humanos Cristosal.
«Se ha determinado que, al menos, 176 hijos e hijas de personas detenidas quedaron en la orfandad por la muerte de su madre o padre durante los dos primeros años de la medida», señaló la oenegé. Cristosal también denunció el «encarcelamiento sin condenas, muerte de bebés y personas adultas inocentes; así como la profundización de la desigualdad social y de género» entre los hallazgos de una investigación divulgada este miércoles.
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— Cristosal Centroamérica (@Cristosal) July 10, 2024
«Uno de los casos que ilustra la gravedad de lo denunciado es el de Dina Hernández, una activista de derechos humanos de 28 años que estaba embarazada de 35 semanas cuando fue detenida», detalla el informe de Cristosal. «Tres semanas después, su familia supo que la hija que gestaba había muerto y pudo sólo recoger el cadáver. La familia no tiene información sobre las condiciones de salud de Dina y desconoce si ha recibido atención posnatal», añade el documento.
Cristosal aseguró que El Salvador «cuenta con un sistema de justicia hecho a la medida del régimen de excepción donde los jueces han perdido su independencia. El costo humano de esta política es alto: 261 personas adultas y cuatro niñas y niños han muerto bajo custodia estatal entre 2022 y 2024».
En abril de 2024, varias ONG de derechos humanos -entre ellas Cristosal– ya habían denunciado la muerte de 244 personas bajo custodia estatal entre el 27 de marzo de 2022 y el 29 de febrero de 2024.
«Esas muertes de personas privadas de libertad durante el régimen de excepción tienen ese alto costo, de dejar a muchos hijos en la orfandad, pues el Estado incumplió su obligación de garantizar su vida, su salud», dijo Zaira Navas, jefa de su unidad de Estado de Derecho. La abogada advirtió que las muertes en prisión «podrían ser más», pero «la falta de acceso a información oficial» impide conocer el número real.
El informe afirma que «aún no se puede cuantificar con precisión» el número de niñas y niños que «se ven expuestos» al abandono como «consecuencia» del arresto o el encarcelamiento de sus familiares. No obstante, Cristosal estimó que por lo menos 62.022 personas menores de 15 años «pueden haber sufrido alguna modalidad de abandono» por este motivo.
Distintas organizaciones de derechos humanos han criticado la política de régimen de excepción por considerar que viola garantías fundamentales, pero Bukele se niega a derogarlo.
La política de régimen de excepción, que permite detenciones sin orden judicial, fue aprobada por el Congreso a petición del presidente como respuesta a una escalada de violencia que cobró la vida de 87 personas entre el 25 y 27 de marzo de 2022. El Congreso prorrogó el 9 de julio de 2024 la medida, en virtud de la cual han sido detenidos más de 81.000 presuntos pandilleros.
ama (afp, efe, ap)