¿Cómo gobierna Luis Arce si no tiene apoyo mayoritario en la Asamblea Legislativa? Esta es la pregunta más relevante para comprender el modelo de gobierno arcista. Ya vimos que los gobiernos de Hernán Siles y Carlos Mesa no pudieron gobernar teniendo un problema similar. Siles tenía al MNR, ADN y la COB impidiendo cualquier avance, mientras Mesa enfrentó a Hormando Vaca Diez y a Evo Morales presionando desde distintos frentes. ¡Muy difícil! Sin embargo, Arce ha encontrado el remedio: gobernar con el Tribunal Constitucional. Ese es su aliado. Unos truchos prorrogados le generan el imprescindible apoyo que requiere nuestro presidente.
¿Cómo lo hace? He ahí el riesgo: anulando la democracia. Así de simple, aunque parezca una tesis desproporcionada. Vale la pena comprender que en momentos de crisis como el que vivimos surgen figuras institucionales de lo más variadas. Son momentos donde lo normal se vuelve anormal y se erige un “Estado de excepción” como postula el filósofo italiano Giorgio Agamben. La excepción se transforma en la regla y todo empieza a volverse extraño. Lo normal es gobernar con el Congreso, respetar la palabra del tribunal electoral y posibilitar el funcionamiento autónomo del Poder Judicial. No ocurre eso: han anulado la norma legislativa, la 075, que convoca a elecciones judiciales. No podían impulsar esa norma. Esa ley no debía pasar, aunque hayan hecho creer a todo el país que se podía dar ese vuelco político imprescindible y normalizar la existencia institucional del país. Lo hicieron en el encuentro partidario de hace pocos días.
¿Qué significa eso? Pues que el tribunal electoral es un actor subordinado sujeto a los vaivenes del partido de Gobierno que hace lo imposible para que sus abogados pertrechados en el tribunal constitucional sigan en sus cargos. ¡De eso depende la cabeza del Gobierno! Lo anormal aupado a la categoría de normal y las elecciones judiciales impedidas políticamente. No hay sorpresa alguna. El cuello del Gobierno se asienta en este aliado que cumple un rol sorpresivamente chueco. Una vez más, lo anormal gobernando.
¿Y el Poder Legislativo? Pues en un Gobierno autoritario dictatorial ni siquiera hay un Congreso y no se promulgan leyes. Este Gobierno, en cambio, finge ser democrático. ¿Cómo lo hace? Presentando 125, 3.988 o 7.492 leyes. No sirven de nada las que llegan a promulgarse. La cosa no debería ser aprobar leyes a mansalva, sino las normas que exige el país, precisamente como la ley 075.
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El asunto, para ser democrático de verdad, debe ser cualitativo. Arce actúa a lo Evo, quien modificó tres o cuatro artículos de la Constitución para reelegirse: “¿Qué te quejas? El resto de los artículos sigue firme”, me reprochaba un amigo masista allá por la década pasada. Pues ya lo vemos. La treta se repite impunemente atizando la condición autoritaria del Gobierno. Modificas sólo un poquitito aquí y allá y eso basta para sumergirte en este autoritarismo del presente. Negar la elección judicial es precisamente el mejor ejemplo, aunque fluyan otras disposiciones jurídicas.
¿Y el Órgano Judicial? Los juzgados mandan sus resoluciones al Tribunal Constitucional para que este defina, en última instancia, la constitucionalidad de las leyes. No y es un no rotundo. Ese Tribunal no define “en última instancia”, define en primera y única instancia bajo una tesis sólidamente asentada: “lo que pida la oposición y, en especial, lo que exija Evo no puede ser aprobado”. Y no se aprueba, ratificando la soledad autoritaria del gobierno.
¿Creen, pues, que habrá elecciones judiciales? Difícil. Sería como tirarse un balazo en la frente. En suma, ¿qué puede significar esta situación? Una cosa clara: que el pretencioso economista devenido en presidente pasó de obedecer caninamente a Morales a obedecer caninamente a ese Tribunal. Queda un consuelo: el hombre está sólidamente preparado para el rol.
Diego Ayo, PhD, es cientista político.