El Sistema Interamericano sobre Derechos Humanos (SIDH), ha aportado a los estados nacionales por medio de la Corte Interamericana de Derechos (Corte IDH), que la supremacía de la Constitución que involucra el bloque de constitucionalidad no es un simple acto protocolar, sino un imperativo de cumplimiento de trascendencia relevante para las libertades de derechos.
Cuando la Corte IDH ha contribuido en sendas jurisprudencias con el nuevo paradigma de que los Estados se esfuercen en garantizar el Estado de Derecho, los derechos humanos y a satisfacer el bienestar de la sociedad, favoreciendo principalmente al principio -pro homine- aplicando las herramientas y principios de razonabilidad, proporcionalidad e igualdad, no ha descuidado en este su propósito de vigilar la actuación de las autoridades nacionales y de la justicia boliviana.
A propósito, las condiciones en que se cierne el complejo constitucional del -modelo eleccionario judicial- ha sido interrumpido por la acción veda de: 26 -magistrados autoprorrogados- (TCP, TSJ, TA, CM); 5 magistrados suplentes; 44 vocales constitucionales departamentales; la interferencia manifiesta del ministerio de justicia que rechazó la reforma judicial propuesta por los juristas independientes; minoría de legisladores arcistas articulados por Juan José Jaúregui presidente de la Comisión de Constitución que en su rol de evaluador junto a Patricia Arce senadora, se despojaron de la imparcialidad y ética para favorecer a los candidatos predestinados durante el curso de las evaluaciones orales a postulantes. Esta situación vergonzosa nada ética en los funcionarios públicos que presiden la Comisión de Mixta de Constitución por el daño inmaterial que causan a la sociedad boliviana merecen ser juzgados por la Comisión de Ética de la Cámara, y simultáneamente por Resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, falsedad ideológica y material en documento público e inducción al fraude en el proceso ante el misterio público.
Cómo se puede sostener que sea buena y equitativa la preselección para magistradas y magistrados para el Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura que subyace a la función de la administración pública y que logra integrar un conjunto de derechos fundamentales existentes en la Constitución, si no se aplicó una evaluación idónea e integral por una comisión de altísima especialidad en la Ciencia del Derecho, y por si fuera no menos importante, se recuerda a los legisladores que no hay una regulación legal que establezca -la transmisibilidad de méritos y capacidad de los juristas (varones) a favor de la igualdad de género- obtenidos en el proceso oral bajo responsabilidad de la Comisión Mixta de Justicia Plural (TA 10 varones y 10 mujeres, CM 10 varones y 10 mujeres).
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Por ello, las Comisiones Mixta de Constitución y Justicia Plural frente a esta realidad sin objeto e intérpretes especialistas en Constitucional, Procesal Constitucional, Derecho Penal y otras ramas del área, incurren en una inapropiada igualdad de género desarrollada sobre criterios insustentables nada científicos ni constitucionales, configurando así, esa igualdad postiza, claramente no determinante para el ejercicio de Altos cargos judiciales, si lo que verdaderamente importa es la capacidad del jurista, especialidad en el área del conocimiento, experiencia, estilo de redacción y argumentación y su sólida convicción personal frente a los problemas que cada día complican la democracia y vulneran la Constitución.
En efecto, tiempo atrás (2023) ya habíamos propuesto que la evaluación sea práctica con casos concretos (expedientes) para ver el estilo y la experiencia de los aspirantes a los órganos judiciales, sugerencia que hubiera entusiasmado el interés de profesionales destacados en el foro nacional e internacional y se hubieran logrado los objetivos de seleccionar a los mejores juristas de carrera, docentes universitarios y profesionales abogados relevantes por sus conocimientos y cualidades ética y dignidad personal.
Pues bien, entendemos qué en nuestro régimen constitucional, no cabe la igualdad de género en la ilegalidad, como no es posible invocar la igualdad para fundar la garantía en la función jurisdiccional por consideraciones subjetivas. Observamos que la Comisión intermediaria de las preguntas de opción múltiples y subsecuentemente de las respuestas vertidas por -no juristas- caen en algo que podía ser evitable ponderando elementos objetivos y no ideológicos por detentar el poder.
Para salvar en algo estas irregularidades del proceso selectivo para los órganos judiciales y los informes de las Comisiones Mixtas de Constitución y Justicia Plural, que deben ser aprobados por dos tercios de votos de sus miembros, los diputados y senadores que estructuraron un grupo para falsear la verdad intelectual y material concediendo notas inmerecidas en las pruebas orales a postulantes afines al partido, tanto del anterior gobierno como del actual (Evistas y Arcistas), y para terminar con la -petrificación de los autoprorrogados-; Juan José Jaúregui Ururi, Patricia Arce y otros que convalidaron esas manipulaciones, deberán ser sometidos a investigación y sanción por la Comisión de Ética de las Cámaras, con la medida cautelar de suspensión de sus funciones de legisladores para evitar la obstrucción del trámite.
De igual forma, para comprender mejor el alcance de esta propuesta por dignidad y para dar buena cuenta del temple democrático de legisladores de oposición, la ALP debería remitir antecedentes y videos al ministerio público para la investigación a los legisladores mencionados, así como los postulantes a los cargos del TCP y TSJ que se involucraron deliberadamente con los movimientos y señas inductivas de respuestas correctas y otros inmersos en la trama, para la apertura penal por los presuntos delitos de: Falsedad ideológica y material en documento público (actas, grabaciones, informes), Resoluciones Contrarias a la Constitución y las Leyes, Tráfico de influencias y beneficios en razón del cargo.
Margaret Stterthwaite Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre independencia de magistrados y abogados especialista y profesora en Derecho Clínico en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, expresó su preocupación respecto a que la prórroga de magistrados se prolongue de manera indefinida y exhortó a que las elecciones judiciales se hagan “lo antes posible” (25-01-24).
Seguir vadeando con el estatus de -autoprorrogados-, aumentando el volumen de nulidades en desprotección de la ciudadanía que saben que son -ilegítimos- por el triunfo contundente de rechazo (votos blancos, nulos, pifiados) que les propinó el soberano en las elecciones de 3 de diciembre de 2017, es una necedad sin precedentes; y, como no vencieron en comicios electorales, más probable que sean las ventanas las que se abran, sea por la promulgación de la Ley sancionada 075 por la Asamblea Legislativa Plurinacional o, por la fuerza natural de los vientos que no cuentan las arenas del mar a su paso y cargarán con todos los ingresantes por grietas ventanales.
Es precisamente en esta arista, con relación a este último embrollo, que es fundamental distinguir la dignidad moral de la dignidad ontológica, pues como bien lo aclara Leopoldo Eulogio Palacios: “son sus obras concretas las que nos tienen que decir si un hombre es buena o mala persona, persona digna o persona indigna, es un malhechor o ser justo por algo diferente a la persona humana tomada en su aspecto ontológico”. Desplazarse por estos criterios dignos y éticos, sin duda que las soluciones a los problemas validan: el principio de justicia, el respeto de los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia.
En esta sindéresis, como la realización en la vida depende del buen sentido de ética y razonabilidad del hombre cualquiera sea su función personal o pública, siempre será relativa, a veces como en nuestros días, casi imperceptible: “un mundo distinto en el cual la verdad nos hace libres, sin prepotencias, sin arbitrariedades, en el cual el odio cede su primacía al amor”, como dice Miguel de Unamuno.
Esto tiene también que reflexionar a los asambleístas democráticos y no democráticos, que a pesar de la superioridad de poder que tiene el Estado y los Tribunales de garantía constitucional, deben evitar por todos los medios que sus decisiones no sean arbitrarias, sino por el contrario, deberán abocarse a que tales decisiones se ajusten a los parámetros de justicia.
Adicionalmente a lo anterior, tomar medidas adecuadas y reducir tiempos también es reflejo de priorizar la justicia ¿hasta cuándo se seguirá con el modelo de elección fracasado? ¿qué tiempo más deben esperar para la promulgación de la Ley de cese de funciones de los autoprorrogados? ¿el proceso eleccionario judicial va continuar con violación sistemática de la Constitución? ¿por qué tiempo más seguirán validando candidatos que violaron la Constitución al ejercer cargos de magistrados por Decreto Supremo? ¿los 5 días para informes de comisiones no es posible reducir a 48 horas? ¿los 8 días para que la ALP conozca los informes de las Comisiones Mixta de Constitución y Justicia Plural, y apruebe por 2/3 la nómina de los magistrados designados no es excesivo? Y ¿cuándo el TSE convocará a elecciones judiciales si el proyecto de supresión de primarias no ha sido agendado por la ALP?
A tal nivel ha llegado la incertidumbre que podrimos plantearnos más cuestionamientos, varios indescriptibles y sin respuestas a corto, mediano y a largo plazo, aunque la justicia requiere de una transformación estructural, pero ojalá se escuche la voz de un diputado o grupo de parlamentarios renovadores que salgan de su curul y comiencen a trabajar la reforma total de la Constitución porque la aprobada en cuarteles está manchada de vidas humanas ( 3 fallecidos y más de 400 heridos, 23 al 27 -11-2007), hasta la fecha la Corte IDH no ha asumido la decisión de indemnización inmaterial y material a las tres familias de los mártires de La Calancha y el asesinato en el Hotel Las Américas que está en sede contenciosa de la Corte IDH.
Estas temáticas, merecen una reflexión madura, por eso pensamos que será el debate y la razón ponderada que va vencer al tiempo o, las obstrucciones taponearán uno o ambos procesos (Judicial y primarias) La esperanza es que las judiciales fluyan y concluyan, designando y eligiendo a los juristas íntegramente éticos, idóneos, estilo propio y más destacados del país, y que no sean próximos al partido del MAS IPSP y de los que han perdido la nave del Estado actual, enfangados en una crisis económica, social, política, judicial, como las tres embarcaciones rusas encalladas con 220.000 barriles de petróleo, 270.000 barriles de diésel y 160.000 de gasolina que no se pueden descargar por temporales y las condiciones de operabilidad del Puerto de Arica.
Por último, en el contexto real del mar de ideas planteadas, sumadas a la reforma total de la Constitución 2009, proponemos la creación de 4 comisiones nacionales: -comisión responsable de preparar los proyectos de ley de interés general- con impacto directo para los ciudadanos-, -comisión permanente integrada por juristas de altísimo nivel y cualidades idóneas y éticas para evaluar a magistrados, vocales y jueces-, -comisión de auditoría ciudadana- para la transparencia de la gestión pública, y la -comisión nacional que active ante el TCP la ilegalidad de organizaciones políticas- que no cumplen con el objeto y fin de los valores democráticos.
El Papa Juan Pablo VI dijo: “Se habla muchísimo de la dignidad de la persona humana a escala natural: ¡es hombre! Nivel que debería evitarnos las degradaciones animales, bárbaras e infrahumanas a las que cede tan fácilmente nuestra civilización, pero esta dignidad está extraordinariamente superada por el nivel sobrenatural, el humanismo no nos basta le falta aquel suplemento de fuerza y de sabiduría que solo podemos hallar en el orden de la redención”.
Pedro Gareca Perales