Impiden el ingreso del abogado de Fernando Camacho al penal de Chonchocoro

“Por órdenes superiores”, no le dejaron ingresar al penal de Chonchocoro al representante en Bolivia de Human Rights Foundation (HRF), Javier El-Hage, para visitar al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho. El profesional denunció, en mayo pasado, que la autoridad cruceña fue enviada a la “Siberia boliviana”.

Impiden el ingreso del abogado de Fernando Camacho al penal de ChonchocoroEl representante de Human Rights Foundation, Javier El-Hage, no pudo ingresar a Chonchocoro. Foto Archivo: APG

Fuente: Brújula Digital 

 



“Nos sorprendemos hoy con que me tienen fichado, me tienen prohibido el ingreso con nombre y apellido lo que me preocupa como persona”, declaró Javier El-Hage este jueves por la mañana en las puertas del penal de máxima seguridad que se encuentra en el municipio de Viacha..

Hace dos meses, El-Hage, dijo que Camacho permanece desde diciembre 2022 en la “Siberia de Bolivia”, en referencia a la cárcel de Chonchocoro, “como castigo por su rol de haber criticado el fraude electoral” en las fallidas elecciones generales de 2019 y espera que se declare “detención arbitraria”.

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Describió que el penal se encuentra a 4.000 metros de altura, en un clima y geografía inhóspitas. En esa oportunidad dijo que verificaron que se “vienen violando sus derechos humanos. (Nosotros) representamos a 10 presos políticos a nivel global ante un tribunal internacional, el Grupo de Trabajo Sobre la Detención Arbitraria de la ONU. Nosotros metimos una demanda en el caso de Luis Fernando para que el Grupo de Trabajo declare la detención arbitraria del Gobernador de Santa Cruz”.

Martin Camacho, uno de los abogados del gobernador curceño, expresó su sorpresa porque “continúen las vulneraciones” en contra de Luis Fernando Camacho. “En este caso, uno de los abogados que justamente ve y trata los temas internacionales, quien hizo una denuncia ante el Grupo de Trabajo contra del detención arbitraria de la ONU se le prohibió tajantemente el ingreso por órdenes superiores”.

Para el profesional esta determinación es “política” y viene desde el ministerio de Gobierno e incluso desde el presidente Luis Arce. “Nos restringen el derecho a la defensa amplia e irrestricta. Nosotros vamos a denunciar dentro de los procesos que se le siguen al Gobernador y vamos a tomar acciones constitucionales en contra de este mal policía”, concluyó.

BD/LE