Desde enero de 2024, la administración de justicia ordinaria y constitucional está dirigida por “magistrados” autoprorrogados en sus cargos.
Fuente: ANF
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró que el nombramiento y selección de magistrados de los máximos tribunales de justicia ordinaria y constitucional, en los plazos previstos en la Constitución Política del Estado, es un “presupuesto esencial”.
“La CIDH ha reiterado que un proceso adecuado de nombramientos y selección de magistrados, en los plazos previstos constitucionalmente, constituye un presupuesto esencial para garantizar la independencia de las personas operadoras de justicia y por ende constituye una garantía de derechos humanos e institucionalidad en la materia”, sostiene la CIDH.
Repitió su opinión, en el documento denominado “Criterios para la evaluación de méritos de las personas candidatas para los Altos Tribunales y el Consejo de la Magistratura que conforman el Órgano Judicial del Estado Plurinacional de Bolivia”.
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Desde enero de 2024, la administración de justicia ordinaria y constitucional está dirigida por “magistrados” autoprorrogados en sus cargos. El año pasado, el Tribunal Constitucional Plurinacional decidió ampliar su mandato, al igual de que de sus similares del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.
Lo hicieron bajo el argumento de que no podía existir un vacío en los máximos tribunales, toda vez que las elecciones judiciales fracasaron, no pudieron realizarse en los plazos que había establecido el Tribunal Supremo Electoral.
Sin embargo, el tema se sigue arrastrando, este año la preselección ha sufrido muchos percances, se acusó al Gobierno, pero también se observó la falta de organización y un trabajo serio de las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural, lo que ha provocado una lluvia de acciones constitucionales por vulneración de derechos que alegaron los candidatos.
El documento consta de 21 páginas, ocho partes: antecedentes de la cooperación técnica, mandato de cooperación de la CIDH, objeto y metodología, desafíos estructurales del sistema de justicia que condicionan el proceso de selección de autoridades, proceso institucional de selección judicial y el proceso de selección de precandidaturas.
Además, los estándares interamericanos y lineamientos de políticas públicas relevantes en el proceso de preselección de candidaturas, lineamientos de Políticas Públicas con enfoque de derechos humanos en el proceso de selección, estándares interamericanos relevantes con respecto a los requisitos de méritos y finalmente conclusiones.
El 21 de febrero de 2024, la Misión Permanente de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) remitió una solicitud, en la que el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) solicitó a la CIDH que participe en calidad de veedores del proceso de preselección de candidatas y candidatos para la conformación de los señalados tribunales y consejo de la magistratura que conforman el Órgano Judicial de Bolivia.
En ese marco, la Comisión acordó con el Estado la realización de un proceso de cooperación técnica con la ALP respecto del procedimiento de preselección de candidatas y candidatos para la conformación de los Tribunales y el Consejo de la Magistratura del Órgano Judicial. Este proceso de cooperación incluye la elaboración y envío de la presente nota técnica sobre los criterios de méritos para la valoración de candidaturas y también un documento de sistematización de los estándares interamericanos relevantes para el sector justicia, que posteriormente serán objeto de diálogo con el Relator de País, el Comisionado José Luis Caballero, se lee en el documento.
El año pasado, la CIDH expresó su preocupación ante los desafíos que se presentan en el proceso de elección de las autoridades para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura que pueden debilitar el funcionamiento del sistema de justicia de Bolivia. En este escenario, urge al Estado, en particular a la ALP, a adoptar medidas efectivas para garantizar la independencia de los poderes y el debido funcionamiento del sistema de justicia, en cumplimiento a los estándares interamericanos, dijo a través de un pronunciamiento.
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