Las elecciones en Venezuela fueron un proceso viciado desde el inicio. Era predecible que no sería de otra manera. Estas situaciones oscuras ocurren cuando una dictadura controla los poderes del Estado, como en el caso de Nicolás Maduro en Venezuela, que maneja el Consejo Nacional Electoral (CNE), así como todos los poderes del Estado tras 11 años de gobierno totalitario.
De acuerdo al CNE, Maduro venció con 5.150.092 votos, el 51,20% del total. Con esto, el dictador se reelige por segunda vez y empezaría un tercer mandato desde enero del 2025 hasta enero del 2031. Con esto, el chavismo del Siglo XXI habría quedado en el poder durante 30 años.
Un atropello contra la democracia. La carismática líder opositora Corina Machado de La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) anunció que el vencedor fue el opositor Edmundo Gonzáles que ganó con el 70% de los votos.
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La oposición venezolana no ha aceptado la falsa victoria de Maduro. Tampoco gobiernos de muchos países.
Las elecciones de Venezuela fueron una puesta en escena por parte del gobierno que llenó de esperanzas a los opositores que viven en Venezuela y a los 7.7 millones que se han visto obligados a emigrar y que sueñan con volver a su país.
A los que viven en el exterior, les impidieron votar. En algunos países cerraron los consulados y a otros les impidieron depositar el voto arguyendo que sus documentos estaban caducados. A pesar de que muchos no pudieron votar, la oposición ganó.
Fue un fraude grotesco. No permitieron que los observadores internacionales, invitados por la oposición, ingresen al país. No invitaron a la OEA, restringieron la participación de la ONU, invitaron y luego quitaron la invitación a la UE; el Centro Carter tuvo limitaciones; a los miembros del grupo IDEA, así como una delegación española y al político Doria Medina, no los dejaron entrar a Venezuela. Quedaron varados en otros países.
Esto demuestra una clara conspiración contra muchos observadores internacionales.
El rechazo internacional ante el fraude ha sido flagrante. Los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, Paraguay, República Dominicana, Uruguay, Perú pidieron una reunión urgente a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que emita una resolución que salvaguarde la voluntad popular en Venezuela.
Incluso Chile y Colombia – que tienen gobiernos de izquierda – pidieron transparencia y verificación de veedores internacionales.
El Ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, exigió que los resultados sean transparentes y verificables.
¿Se quedará aislado? Probablemente sí, por la mayoría de los países del continente americano, aunque no por Cuba, Nicaragua, Bolivia y Honduras. Y cuenta con el apoyo de Rusia, Irán y China.
Lo que queda es que a los veedores, como los expresidentes Samper y Fernández, así como Amorín, asesor de la presidencia de Brasil, que se les ha permitido entrar a Venezuela, aclaren la situación.