Sobre la exclusión surgieron algunos puntos de vista de abogados penalistas, Zúñiga y Guillen tienen opiniones diferentes.
Fuente: ANF
El proyecto de ley Transitorio para la Selección y Designación del Fiscal General del Estado plantea excluir a aquellos abogados que hayan patrocinado a personas culpables por delitos que atenten contra la unidad del Estado.
“No haber patrocinado a personas que resulten culpables de la comisión de delitos contra la unidad del Estado, de conformidad al artículo 20 de la Ley 260 (Orgánica del Ministerio Público)”, señala el requisito específico siete del proyecto de ley.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
La semana pasada, el proyecto de ley fue aprobado en sus estaciones en grande y en detalle en el pleno de la Cámara de Senadores, fue remitido a Diputados para su consideración y posterior sanción. El 23 de octubre fenece el mandato del actual fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, y el legislativo se prepara la elección de la nueva autoridad.
Según la Ley 260 del Ministerio Público, uno de los impedimentos para ejercer como fiscal es no haber patrocinado a personas que resulten culpables por esos delitos, aunque no detalla cuáles son los tipos penales. Otro de los impedimentos es que no hayan sido parte de gobierno dictatoriales.
“Las o los que hayan patrocinado a personas que resultaren culpables de la comisión de delitos contra la unidad del Estado, así como quienes hayan participado de la conformación de gobiernos dictatoriales o hayan patrocinado procesos de entrega o enajenación de recursos naturales y patrimonio nacional”, dice el parágrafo 3 del artículo 20 de esa norma.
Puntos de vista
Sobre la exclusión que propone la norma surgieron algunos puntos de vista, por ejemplo, el abogado penalista Andrés Zúñiga consideró que puede ser positivo porque un jurista que haya defendido a una persona que resulte culpable en un hecho de corrupción o narcotráfico, difícilmente podrá administrar justicia.
“Cuando se pone este límite pese a la presunción de inocencia, pese a que el trabajo de abogado te vincula con una serie de labores que hacen a la materia de derecho penal, puede pensarse en una discriminación que, desde el punto de vista analítico, puede ser positivo porque si se pierde una causa y haya sido declarado culpable por corrupción sería difícil que administre la justicia y persiga a los delincuentes”, señaló en declaraciones a la ANF.
Al respecto, Luis Guillen, abogado de la expresidenta Jeanine Añez, cree que ese requisito es ambiguo porque no existen delitos que vayan contra la unidad del Estado, sino contra la seguridad del Estado y que están clasificados en externos e internos.
A la vez, dijo que los legisladores están haciendo una interpretación de esos delitos que les permitirá depurar a quienes ellos quieran y de forma discriminatoria, sin tomar en cuenta los otros requisitos que puedan cumplir los postulantes.
“Eso es otorgarle una llave a la Asamblea Legislativa para que pueda depurar a quien ellos quieran, porque ni siquiera esa frase se ajusta al derecho penal. Cuando se habla de delitos que atenten contra el Estado hablamos de seguridad interior y exterior. Como no se ajusta es sujeto a interpretación y quien lo hace es la Asamblea Legislativa que revisa los papeles de los postulantes”, explicó.
Perfil
Ambos abogados mencionaron algunas características que de debe tener la nueva autoridad. Zúñiga señaló que debe ser un profesional con una alta preparación académica, experiencia y, sobre todo, una trayectoria ética.
“Tiene que ser una persona con alta solvencia académica, tener experiencia en el ejercicio de la profesión y su comportamiento en el marco de la ética. La profesión de abogado necesariamente se vincula a comportamientos éticos, cuando se vincula a hechos ilícitos la pregunta es ¿Cómo sabiendo de leyes comete delitos? Entonces es difícil pensar que una autoridad se vincule a actos reñidos con la moral”, puntualizó.
Entre tanto, Guillen dijo que el fiscal, aparte de tener formación en derecho penal, debe contar con trayectoria en la defensa de derechos humanos y una marcada independencia del poder político.
“El Ministerio Público es una parte fundamental de lo que es el poder coercitivo del Estado, entonces, tiene que ser una persona con trayectoria en derechos humanos, pero sobre todo que sea independiente del poder político para que no use sus facultades para la persecución y la represión”, enfatizó.
/EUA/nvg/