Paro de los 36 días: Este lunes se debe definir si se traslada a Santa Cruz el caso por el que se investiga a líderes cruceños

Este viernes, dos vocales no pudieron ponerse de acuerdo y un tercero deberá definir si da lugar al amparo constitucional interpuesto por el rector de la Uagrm. Actualmente, el caso radica en La Paz

Álvaro Rosales Melgar
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Vicente Cuéllar, rector de la Uagrm.

Fuente: Unitel

Tras seis horas de audiencia, este viernes no se pudo definir la competencia territorial por el caso del paro de los 36 días debido a que dos vocales no lograron resolver el amparo constitucional interpuesto por el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, el cual busca que el proceso se traslade a Santa Cruz.



Así lo informó el abogado Martín Camacho, quien funge como defensa del gobernador Luis Fernando Camacho, autoridad que es investigada en este proceso. Se prevé que las acciones se reinstalen este lunes con la determinación de un tercer vocal.

“Se suspendió hasta el día lunes porque ninguno de los otros vocales de las salas constitucionales estaba o podía atender en este caso para resolver como tercer dirimidor”, sostuvo el jurista en un contacto con UNITEL.

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Según el reporte, en un primer voto, el vocal José Gutiérrez decidió negar tutela a los miembros del comité interinstitucional para que el caso se traslade a Santa Cruz. Mientras que el vocal Jimmy López indicó que su voto era disidente, es decir, daba lugar a la tutela.

La audiencia que se realizó de manera virtual, fue proyectada en vivo en una pantalla en el Paraninfo Universitario, lugar donde se realizó un acto solemne por los 94 años de la conquista de la autonomía universitaria en Bolivia.

Además de Luis Fernando Camacho y Vicente Cuéllar, en este caso también son investigados el expresidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo; el vicerrector Reinerio Vargas; y el asesor José Luis Santistevan, estos dos últimos son parte de la Uagrm.

El proceso contra los líderes cruceños surgió desde la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, el 13 de noviembre de 2022, y se los acusa por los supuestos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes; racismo y discriminación; asociación delictuosa; y desórdenes o perturbaciones públicas, entre otros.