El miércoles 26 de junio, Bolivia vivió tres horas de incertidumbre a raíz de una sublevación militar en La Paz, con supuestos planes de ingresar a Palacio de Gobierno para tomar el poder y cambiar el gabinete de ministros.
La Paz, 10 de julio de 2024 (ANF).- El procurador general del Estado, César Siles, dijo que la siguiente semana concluirá la etapa de investigación preliminar de la toma militar de Plaza Murillo y estimó que pronto iniciará el juicio oral contra los más de 20 involucrados.
«Esta semana va a ser crucial, máximo a principios de la siguiente semana se va a terminar la etapa preliminar de investigación. Ya con las personas imputadas, ya tenemos que empezar en el litigio estratégico y en un juicio oral contra los responsables», dijo Siles a Fides.
El miércoles 26 de junio, el país vivió tres horas de incertidumbre a raíz de una sublevación militar con supuestos planes de ingresar a Palacio de Gobierno para tomar el poder y cambiar el gabinete de ministros. Sin embargo, el presidente del Estado, Luis Arce, cambió inmediatamente a los tres comandantes de las tres fuerzas y las nuevas autoridades militares ordenaron el repliegue de todas las unidades desplazadas en el centro paceño.
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Ese día, el Gobierno recibió un respaldo incluso de sus detractores; pero, conforme pasaron las horas, la gente y políticos de oposición comenzaron a dudar del verdadero propósito del desplazamiento militar.
El líder de la sublevación, general Juan José Zúñiga, al momento de ser aprehendido, dijo a los medios de comunicación que todo fue montado a pedido del presidente del Estado para levantar su popularidad.
Desde entonces, al rededor de 25 personas fueron aprehendidas; la justicia determinó las detenciones preventivas para algunos en penales del país, la mayoría fueron beneficiados con medidas sustitutivas.
«Cada vez hay más elementos de convicción, cada vez hay más indicios, no solamente las declaraciones ampliatorias que los propios imputados están presentando voluntariamente, como medio de defensa, sino también los señalamientos que se han hecho, se han colectado documentos, flashes, fotografías, filmaciones, etc. (Estos elementos) dan sin duda una primera conclusión, que es la imputación formal. Las siete imputaciones formales que hay hasta ahora han coincidido de que en Bolivia se ha intentado producir un golpe de Estado», sostuvo el procurador general del Estado.
La Cámara de Senadores conformó una comisión especial para investigar la verdad histórica de lo que sucedió el 26 de junio; el Gobierno insiste en que fue un intento de golpe de Estado fallido, pero la oposición sospecha que todo fue armado para que Arce gane popularidad y disperse la atención en los problemas económicos.