Sentencia del TCP. Aunque en Bolivia, hasta hace unos días estaba prohibida la mercantilización de los servicios ambientales, la operación de estas empresas y servicios no es ilegal.
“Es un orgullo haber sido parte del equipo jurídico que a través de la Cidob coadyuvó a lograr este éxito. De ahora en adelante, las Naciones y Pueblos Indígenas de Bolivia no tienen candados legales para la comercialización de Bonos de Carbono (…)”, dice una publicación en Facebook (15 de agosto) del abogado Luis Ardaya Vargas.
El jurista, de acuerdo con su portafolio laboral, es asesor legal de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) y parte del equipo legal que impulsó la acción de inconstitucionalidad abstracta que derogó parte del artículo 32, inciso cinco, de la Ley 300 de la Madre Tierra.
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Su nombre no solo figura como parte de la firma de abogados impulsora, sino entre los accionistas mayoritarios de Green Oxygen SRL, una empresa boliviana dedicada a las soluciones ambientales y al mercado de bonos de carbón.
Su acta de constitución, publicada en la gaceta electrónica del Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (Seprec), data del viernes 25 de agosto de 2023. Fue firmada en una notaría de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
La lista de socios contiene 11 nombres; nueve de ellos, con entre 3% y 4% de las acciones; cada uno tiene el 26% de la sociedad. El restante 72% se divide en partes iguales entre dos socios, uno de ellos es Ardaya Vargas.
Además de Ardaya, un dirigente de la Cidob también figura como accionista. El documento señala que la sociedad cuenta con un capital de 1,1 millones de bolivianos.
De acuerdo con las especificaciones, Green Oxygen SRL tiene como objeto la “ideación, diseño, elaboración, planificación, control, evaluación” de políticas, planes, proyectos que tengan como objetivo la reducción de emisiones de carbono; de mecanismos de desarrollo limpio (MDL) que puedan aplicar al mercado de carbono, entre otros similares que se encuentren en el marco legal nacional e internacional.
Asimismo, señala que ofrecerá servicios de mediación de la huella de carbono para empresas del sector público y privado; de negociación e intermediación entre actores locales e internacionales en los mercados de carbono a nivel mundial; de representación técnica, financiera y jurídica a empresas públicas, privadas y especialmente a pueblos indígenas ante mercados internacionales, plataformas medioambientales, empresas, y/o instituciones de validación o certificación de proyectos que generen bonos de carbono. También dan asesoría en todo el proceso de validación de los proyectos que generen bonos de carbono, entre otros servicios.
Aunque la empresa es relativamente nueva, ya tuvo una participación importante en la Fexpocruz y está invitada a la 49° Versión de la Expoacre 2024, evento en el que las empresas bolivianas logran negocios y alianzas estratégicas importantes para la región. Este es uno de los eventos más importantes del estado del Acre, en Brasil.
Aunque en Bolivia, hasta hace unos días estaba prohibida la mercantilización de los servicios ambientales, la operación de estas empresas y servicios no es ilegal, debido a que existen dos tipos de mercados. Uno es el mercado voluntario que no está regulado y en el que no es necesaria la aceptación del país.
Ardaya también es asesor de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz que, junto con varias organizaciones indígenas chiquitanas, tiene comprometidas miles de hectáreas con otra empresa vinculada a otras ya denunciadas en la región.