Bolivia no figura en el ranking de reservas viables y certificadas para la explotación comercial
Javier Aliaga (*)
Fuente: Correo del Sur
El Triángulo del Litio tiene sus partes desiguales. Con sus propias complejidades y polémicas sobre los roles del Estado y el sector privado, Chile y Argentina tienen los lados más grandes del triángulo en el desarrollo del negocio con la participación de las empresas privadas y están tomando decisiones para ajustar sus modelos y avanzar más rápido para consolidar su presencia en el creciente mercado del metal clave para la transición energética.
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Tras aplicar un modelo de soberanía estatal que excluyó a las privadas de la producción primaria de litio, Bolivia se quedó en una posición irrelevante en el Triángulo, sin desarrollar el negocio, ni estar en las estadísticas mundiales, salvo por sus grandes recursos de litio, pero que aún no han sido certificados como reservas viables para una explotación verdaderamente industrial.
El 53% de los recursos de metal del mundo están en salares de los tres países. Bolivia posee 23 millones de toneladas; Argentina, 22 millones, y Chile, 11 millones, según el informe del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) publicado en enero de este año, que cifra en 105 millones de toneladas la existencia total de litio en el mundo.
Pero en el ranking de reservas certificadas y viables para la explotación comercial, los datos del USGS son diferentes: Chile tiene 9,3 millones de toneladas; Australia, 6,2 millones y Argentina, 3,6 millones, entre los datos más importantes de una lista que no incluye a Bolivia.
Chile y Argentina tienen diferentes visiones de desarrollo, pero están compitiendo en la decisión de avanzar más rápido en el mercado para alimentar las baterías de ion-litio destinadas a los automóviles eléctricos. Esos vehículos reducirán el uso de combustibles fósiles a favor de la transición energética para combatir el cambio climático en el planeta.
De su parte, Bolivia se está abriendo al sector privado y a empresas estatales de China y Rusia tras el fracaso de un proyecto estatista. Sin embargo, hay expertos que dudan de que el nuevo impulso con el método de la Extracción Directa del Litio (EDL) tenga resultados en el país debido a sus carencias tecnológicas, la crisis económica y la inestabilidad política.
Con entrevistas a cinco especialistas de litio de Chile, Argentina y Bolivia y la consulta de otras fuentes documentales, este reportaje busca señalar las claves que diferencian a los tres países en el desarrollo de la industria del “oro blanco”, tomando en cuenta que el Triángulo puede ser importante en los esfuerzos planetarios para contener el calentamiento global.
También es posible, según las fuentes consultadas, que el Triángulo deje de ser tal al sumarse otros actores como Perú, Brasil, México y potencialmente Paraguay para apoyar la transición energética. Según una reciente proyección de Goldman Sachs, los vehículos eléctricos representarán “el 50% de las ventas mundiales de automóviles nuevos en 2035”.
Bolivia encara otro intento
En Bolivia, el modelo de explotación del litio fue pensado para un contexto en el que el Estado tenía suficientes recursos económicos propios para desarrollar varias etapas de la producción y la industrialización del litio, pero esa posición comenzó a declinar en 2014 cuando comenzaron los problemas económicos del país por la reducción de las exportaciones de gas.
Para el analista Gonzalo Mondaca, del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib), el principal rasgo distintivo de la política sobre el litio consiste en que la producción primaria es 100% estatal, lo que ha supuesto una restricción para la inversión extranjera.
Además, el Estado debe participar en todas las fases de la industrialización, desde la producción de materias primas hasta la comercialización de productos transformados.
El problema, según subrayó Mondaca en una entrevista, es que esa visión “no está acompañada por el desarrollo de capacidades institucionales” que hagan efectiva y eficiente esa intervención estatal, ni por alianzas estratégicas académicas y científicas que garanticen una “gobernanza del litio” para que el Estado sea dinamizador y no tenga “un efecto incluso contrario y contraproducente”.
Sobre la producción primaria, que despierta interés en los inversores, el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, que está a cargo del litio, ha elaborado un anteproyecto de ley que deroga una disposición de la Ley 928 de Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB) que asigna a esa empresa la participación exclusiva en esa fase. Si finalmente de produce esa derogación, se abrirían las puertas de la producción primaria a la inversión privada.
No obstante, también hay otros cinco proyectos de ley sobre el litio presentados al órgano legislativo.
Desde el 2008, Bolivia había presupuestado 1.000 millones de dólares para impulsar la industria del litio sobre todo con un sistema de piscinas de evaporación construido en el salar de Uyuni, pero que fracasó e incluso ha sido objeto de denuncias contra diez exdirectivos de YLB por un supuesto año económico al Estado por 64 millones de dólares.
Actualmente, YLB tiene una producción de apenas 200 toneladas anuales de carbonato de litio, aspira a producir al menos 1.000 durante este año en su planta industrial y para el 2025 espera la producción de 15.000 toneladas.
No obstante, la apuesta de fondo es la aplicación de la metodología de la Extracción Directa del Litio (EDL) con las empresas Citic Guoan y CBC (CATL, Brump y CMOC), de China; y la Uranium One Group, de Rusia. Los contratos de las dos primeras se enviarían a la Asamblea Legislativa entre este mes y septiembre, según la presidenta de YLB, Karla Calderón.
Los presidentes Luis Arce, de Bolivia, y Vladimir Putin, de Rusia, trataron la cooperación en litio en junio pasado.
Si bien la EDL permite obtener en pocas horas entre un 80% a un 100% del litio en las salmueras procesadas, su uso también supondrá para el Estado grandes desafíos ambientales y de preservación de aguas subterráneas del salar, según el analista Mondaca.
“Las capacidades del Estado son mínimas para enfrentar un reto tan grande”, dijo Mondaca sobre la EDL ya que Bolivia no solo aspira a producir carbonato de litio, sino que mantiene sus expectativas de producir materiales catódicos y baterías de ion-litio.
El experto reconoció que su visión “es muy pesimista” respecto a las posibilidades de Bolivia de ser considerada en el acelerado avance científico y tecnológico que vive el sector, más aún ante la tendencia impulsada por China para bajar costos con la concentración geográfica cerca de yacimientos de litio, de la producción de materiales catódicos, baterías y automóviles eléctricos.
Las empresas chinas y la rusa “han puesto un pie en Bolivia, pero no los dos”, agregó al recordar que están pendientes las inversiones por 2.800 millones de dólares anunciadas en junio de 2023.
A su juicio, también juegan en contra de Bolivia no tener una ley del litio, ni una legislación ambiental acorde al desafío, ni reservas del metal cuantificadas comercialmente, pero además está el factor de la conflictividad social y que sea “un país inestable políticamente, con problemas económicos importantes que también pueden ahuyentar para hacer inversiones”.
“Las posibilidades de que en algún momento seamos productores de carbonato de litio, considerados en las estadísticas mundiales, no son muy esperanzadoras y respecto a la industrialización menos aún porque el desarrollo tecnológico es tan acelerado que incluso tendríamos que modificar de forma significativa nuestros estándares educativos”, afirmó.
Al desahuciar las opciones del litio boliviano, Mondaca cree que el potencial de Uyuni está en el turismo, “en términos de sostenibilidad y de estabilidad en el largo plazo”.
“El salar tiene más potencial que el litio”
El economista Mauricio Medinacelli hizo una investigación sobre el potencial impacto del negocio del litio en la economía del país y concluyó que “no sustituirá, ni generará los mismos ingresos, ni las exportaciones que el negocio del gas en Bolivia”, incluso en un escenario de precios altos y con una producción de hasta 50.000 toneladas de carbonato de litio.
“Se estima que los ingresos anuales para el Estado boliviano fluctuarían entre 200 y 400 millones de dólares, cifra once veces inferior a la generada por el gas natural, mientras que las exportaciones adicionales podrían alcanzar entre 715 y 900 millones de dólares anuales, siete veces menos que las del gas”, indica Medinacelli en el estudio patrocinado por OXFAM.
En su mejor momento, entre el 2011 y el 2014, el valor de las exportaciones de gas osciló entre 4.500 y 6.000 millones de dólares.
En coincidencia con el analista Gonzalo Mondaca, el exministro de Hidrocarburos afirmó en una entrevista que “el salar tiene más potencial que el litio” y “el turismo es un mejor negocio” que el metal.
El desierto de sal tiene una superficie de más de 10.000 kilómetros cuadrados y es considerado una maravilla de la naturaleza, visitada anualmente por decenas de miles de turistas.
El turismo en Bolivia supuso en 2023 ingresos por 803 millones de dólares, según el Gobierno.
Medinacelli lamentó que se hayan gastado 1.000 millones de dólares en el proyecto de litio sin resultados y afirmó que pudieron haberse invertido en el potenciamiento turístico de Uyuni.
Consideró también que se hizo “mal en dejar que el Estado se encargue de un negocio del que no tenía conocimiento, no tenía mercado y no tenía la voluntad política de hacerlo bien”.
Además, según el entrevistado, para el propio sector privado la venta de carbonato de litio desde Bolivia “es un proyecto mediamente ventajoso” y los inversores pondrán condiciones para tener altas ganancias debido a que el país “tiene una tradición de nacionalización”, que no se puede borrar ni con una nueva normativa que estimule a los inversores.
“Ellos van a entrar porque es negocio, pero ya no tendrán cuidado en el agua que se utiliza, ya no tendrán cuidado en manchar el Salar que es un atractivo turístico, pedirán pagar menos impuestos, pedirán traer a su propia mano de obra. Entonces son condiciones que pedirán ceder”, advirtió el economista.
Las exigencias, según el análisis, serían la consecuencia de la historia nacionalizadora del país.
En 1992, fracasó el intento de una primera explotación del litio por medio de la estadounidense FMC Lithco; en 2019 también se retrocedió en otra operación de asociación con la empresa alemana ACI Systems; después fracasó el proyecto de la estatal YLB con las piscinas y ahora Bolivia está en un cuarto intento para avanzar en la asociación con empresas de China y Rusia.
* Reportaje ganador del fondo concursable convocado por la Asociación de Periodistas de La Paz. Esta es la primera parte, la segunda se publicará el próximo domingo
Fuente: Correo del Sur