En un solo día, el 7 de agosto, se reportaron dos feminicidios en Cochabamba. Sonia, en Ivirgarzama, y Rocío, en Sipe Sipe, fallecieron presuntamente a manos de sus esposos. El número de casos de violencia ha aumentado a nivel nacional.
Fuente: Opinión
Sonia A.R. falleció el miércoles 7 de agosto a causa de múltiples puñaladas y golpes en la cabeza, además de un profundo corte en el cuello que provocó su muerte. El hecho ocurrió en Cochabamba, en el centro de Bolivia, y el principal sospechoso del feminicidio es el esposo de la víctima, quien se encuentra prófugo.
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La mujer, de 38 años, fue hallada sin vida por sus hijos. Su cuerpo yacía en el suelo de su vivienda, situada en la localidad de Chasqui, en Ivirgarzama, municipio de Puerto Villarroel, en el Trópico de Cochabamba. Junto al cadáver se encontró un cuchillo, presuntamente utilizado por su esposo, de 46 años, para cometer el crimen antes de huir del lugar.
Cochabamba sufrió un duro golpe esta semana, ya que el mismo día, 7 de agosto, se reportó por la mañana el hallazgo del cuerpo sin vida de otra mujer. Se trataba de Rocío P.R., una joven de 24 años y madre de dos niños. El hecho ocurrió en la zona de Mallco Chapi, en Sipe Sipe. Su esposo, Abel S.V., de 35 años, es el principal sospechoso del feminicidio. Aunque él alega su inocencia, sus testimonios resultan contradictorios. Inicialmente, afirmó que un ladrón había entrado a su casa, atacando a puñaladas a la madre de sus hijos. Sin embargo, dos días después cambió su versión, sugiriendo que la muerte de su esposa estaba vinculada con asuntos de “narcotráfico”.
El abogado Marcelo Sánchez, del Observatorio de Justicia de la Fundación Voces Libre, que apoya a la familia de la víctima, declaró que las versiones de Abel son “totalmente inconsistentes” y que la investigación revelará la verdad. Mientras tanto, el esposo permanece en El Abra, la cárcel de máxima seguridad de Cochabamba, sin un plazo definido.
Rocío fue asesinada con brutalidad. Su cuerpo presentaba 11 puñaladas, principalmente en el pecho y el abdomen. Su esposo, quien fue encontrado con algunas heridas en la espalda y el brazo, pero sin ninguna de gravedad, recibió atención médica y fue dado de alta el mismo día. Luego, fue trasladado al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para prestar su declaración informativa.
Según familiares de Rocío, ella era una mujer dedicada a su familia, pero su esposo solía iniciar discusiones debido a los celos. Rocío ocultaba las agresiones para no preocupar a su madre, quien había sido diagnosticada con diabetes y cualquier preocupación le causaba problemas. Este fue uno de los motivos por los cuales decidió guardar silencio.
Los asesinatos de Sonia y Rocío forman parte de los 54 feminicidios registrados en Bolivia entre el 1 de enero y el 7 de agosto de este año, un país donde se produce uno de estos crímenes cada cuatro días.
En el mismo período del año pasado, se reportó el mismo número de feminicidios a nivel nacional. Lo que destaca es la posición de Cochabamba, que actualmente es el segundo departamento con más feminicidios, con un total de 12 casos. El año pasado, en el mismo período, Cochabamba había registrado nueve feminicidios y ocupaba el tercer lugar en el país. Además, el departamento cerró el año con 12 casos, cifra que ya ha alcanzado este año, con más de cuatro meses aún por delante.
Esta situación ha puesto en alerta a Cochabamba, y Nivia Coca, del colectivo Mujeres de Fuego, ha expresado su preocupación por la “ola de violencia”. “Estamos indignadas ante estos hechos y esta ola de violencia. Nos sentimos indefensas. Apenas avanzaba el caso de Sipe Sipe, conocimos el caso de Ivirgarzama. La mayoría de los casos se están registrando en áreas rurales; por ejemplo, el 85% de ellos han ocurrido en zonas rurales”, afirmó Coca.
Solicitó a las autoridades que se aceleren los procesos, para que las acusaciones se resuelvan rápidamente y se lleve a cabo un juicio que garantice el acceso a la justicia.
BOLIVIA PREOCUPADA Hace tres días, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, expresó su preocupación por el aumento de casos de violencia que han resultado en la muerte de mujeres. Explicó que el Ministerio Público está llevando a cabo las investigaciones con una efectividad cercana al 90% en la identificación de los autores. Además, varios de los procesados han sido sometidos a procedimientos abreviados que han culminado en sentencias condenatorias. En Cochabamba, de todos los procesados, cinco han recibido condenas.
En cuanto a los feminicidios, Lanchipa detalló que, de los 54 casos registrados, 13 se han producido en La Paz, 12 en Cochabamba, 10 en Santa Cruz, 7 en Tarija, 4 en Oruro, 4 en Potosí, 2 en Chuquisaca y 2 en Beni. Pando es el único departamento que no ha registrado casos bajo esta tipología.
DESAFÍOS DE LA LEY 348 En Bolivia, el 9 de marzo de 2013, se aprobó la Ley 348, conocida como “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia”, que protege a las mujeres de cualquier tipo de violencia. A pesar de haber pasado 11 años desde su promulgación, aún persisten desafíos en su conocimiento y aplicación efectiva. Entre los tipos de violencia contemplados por esta ley se encuentra la feminicida, definido como “la acción de extrema violencia que viola el derecho fundamental a la vida y causa la muerte de la mujer por el hecho de serlo”.
Generalmente, los feminicidios son perpetrados por personas cercanas a la víctima, como esposos, parejas o exparejas, quienes, antes de cometer el crimen, ejercen una violencia brutal contra ellas.
Un ejemplo de esto es el caso de Irma M.P., de 30 años. La mujer sufrió violencia sistemática por parte de su pareja, Ponciano Alanes Morales, de 29 años, quien le quitó la vida en junio de este año. Ponciano intentó deshacerse del cuerpo, pero durante un patrullaje rutinario, se descubrió el cadáver de Irma en el maletero de su taxi en Sipe Sipe, Valle Bajo de Cochabamba.
Al verse acorralado, Ponciano admitió el delito y se sometió a un juicio abreviado, en el que recibió la pena máxima de 30 años de cárcel.
Según Mercedes Cortez, representante de la Fundación Voces Libres, en una entrevista anterior, solo 3 de cada 10 mujeres que sufren violencia se atreven a “romper el silencio”. Sin embargo, el proceso para obtener justicia es bastante largo, lo que lleva a muchas a abandonar los procedimientos; solo el 1% de los casos llega a sentencia.
Durante este tiempo, las víctimas experimentan un desgaste emocional y económico. Por ejemplo, en seis años de proceso, muchas terminan abandonando sus casos, conciliando o enfrentando el cierre de los mismos o sobreseimientos. Cortez señala que, al momento de promulgarse la ley, ya contábamos con un sistema penal colapsado. Los recursos humanos en juzgados, fiscalías y policía no son suficientes y, además, se requiere que estos sean especializados. También es necesario que el Gobierno adopte medidas y políticas que aseguren, como estipula la Ley 348, que la erradicación de la violencia sea una prioridad nacional.
DATOS: VIOLENCIA Según datos de la Fiscalía General del Estado, se han atendido 28.876 casos bajo la Ley No. 348 entre el 1 de enero y el 31 de julio de este año en Bolivia, de los cuales 21.821 corresponden a violencia familiar o doméstica, es decir, el 75.7%.
Las organizaciones, instituciones y movimientos de mujeres destacan la promulgación de la Ley 348 como un avance significativo en la lucha contra la violencia machista y patriarcal. No obstante, aún queda un largo camino para avanzar en la construcción de un Estado que garantice mayor justicia, igualdad y respeto hacia las mujeres.
Las mujeres que sufren violencia pueden acudir a diversas entidades para recibir asistencia, incluyendo la Policía, el Ministerio Público, los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM), las Defensorías de la Niñez y Adolescencia (para casos que involucren a menores de 18 años), la Defensoría del Pueblo, los Servicios Integrados de Justicia Plurinacional y el Servicio Plurinacional de Defensa de la Víctima. Todas estas instituciones tienen la obligación de brindar apoyo.
¿QUÉ CIRCUNSTANCIAS DEFINEN LA PENA POR EL DELITO DE FEMINICIDIO? De acuerdo con el artículo 252 bis del Código Penal, el feminicidio se castiga con 30 años de privación de libertad sin derecho a indulto, y se aplica en nueve causales:
Cuando el autor sea o haya sido esposo, conviviente, novio, pareja, enamorado o tenga o haya tenido cualquier tipo de relación afectiva, aun sin convivencia.
Cuando la víctima se hubiera negado a establecer con el victimario, una relación de pareja, enamoramiento, afectividad o intimidad.
Cuando la víctima esté embarazada.
Cuando la víctima sea dependiente o subordinada respecto del autor, es decir empleada, alumna, hija, sobrina o tenga con el victimario una relación de amistad, laboral o de compañerismo.
La víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad.
Cuando con anterioridad al hecho de la muerte, la mujer haya sido víctima de violencia física, psicológica, sexual o económica, cometida por el mismo agresor.
Cuando el hecho haya sido precedido por un delito contra la libertad individual o la libertad sexual por ejemplo violación o secuestro.
Cuando la muerte tenga que ver con el delito de trata o tráfico de personas.
Cuando la muerte sea resultado de ritos, desafíos grupales o prácticas culturales.
Fuente: Opinión