Roxana Lizárraga, exministra de Comunicación durante el gobierno de Jeanine Áñez, fue sentenciada a cuatro años de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito. La condena fue dictada por el Tribunal de Sentencia Primero Anticorrupción de La Paz, tras un proceso en el que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) detectó movimientos económicos sospechosos en las cuentas bancarias de la exautoridad.
Fuente: Brújula Digital
El fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó sobre la sentencia y explicó que las investigaciones se iniciaron luego de que la UIF reportara movimientos financieros irregulares. “A partir de ese informe, iniciamos la investigación que llevó a la acusación formal contra la señora Roxana Lizárraga por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. El tribunal, al considerar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, dictó una condena de cuatro años en su contra por enriquecimiento ilícito con afectación al Estado”, declaró Alave.
Según las investigaciones, Lizárraga realizó 182 depósitos bancarios que sumaron un total de 247.072 bolivianos, una cifra que, según la fiscalía, no correspondía con su estilo de vida. La exministra fue procesada en rebeldía, ya que se encontraba fuera del país durante el juicio.
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Lizárraga, quien ocupó el cargo de Ministra de Comunicación entre noviembre de 2019 y enero de 2020, denunció que el proceso en su contra fue motivado políticamente y que las autoridades del Ministerio Público actuaron de mala fe para condenarla. En una declaración virtual, afirmó estar en el exilio y consideró que este juicio fue una maniobra para “matarla civilmente y desprestigiarla”.
En su defensa, Lizárraga aseguró tener facturas y documentos que justifican sus ingresos, y sostuvo que trabajó y estudió desde muy joven, habiendo trabajado en pocas empresas privadas por largos periodos antes de su breve paso por el gobierno de transición. “Renuncié al gobierno de transición porque decidieron tomar otro rumbo y no el camino correcto que invocó la mayoría del pueblo boliviano cuando recuperamos la democracia”, manifestó.
El fiscal Alave indicó que la parte resolutiva de la sentencia fue dada a conocer el jueves 15 de agosto, y que se espera conocer la sentencia en su integridad la próxima semana. La Fiscalía evaluará los argumentos del fallo para determinar si procede con una apelación.
La condena deberá ser cumplida en el penal de Obrajes de la ciudad de La Paz.
BD/LE