Independientemente de la situación de los actuales miembros del TCP, el Ejecutivo no cumplió con devolver al TSE el texto con las preguntas reformuladas, para el referendo que plantea el Gobierno. Opositores reiteran que las actuales cabezas de la justicia permanecen ejerciendo funciones de forma ilegal, por lo que toda determinación a ser asumida, carece de legitimidad. Afirman que un TCP “autoprorrogado”, le cortó la cabeza al referendo planteado por el Gobierno.
Fuente: El Diario
Luego de conocerse que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró “improcedente” la solicitud del Órgano Ejecutivo para aplicar un control de constitucionalidad a las preguntas del referendo planteado por el presidente Luis Arce Catacora, opositores señalan que esta determinación dio la razón a todos los cuestionamientos expresados sobre esta acción; sin embargo, reiteran que magistrados “autoprorrogados” carecen de legitimidad para pronunciarse sobre el tema.
Ayer, a través de medios digitales y redes sociales, se reportó que el TCP había declarado improcedente la solicitud del Ejecutivo para revisar la constitucionalidad de las tres preguntas planteadas para el referéndum promovido para consultar a la población temas como la reelección presidencial y la subvención a los hidrocarburos.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
El argumento para esta determinación tiene que ver con que la solicitud no cuenta con un informe técnico y una resolución administrativa aprobatoria, emitido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
“La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 121 y ss. del Código Procesal Constitucional; resuelve declarar: la improcedencia de la consulta de preguntas para referendo realizada por el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, conforme con los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Declaración Constitucional Plurinacional, debiendo devolverse antecedentes a los fines de su cumplimiento”, señala el texto de la resolución, supuestamente emitida la noche del jueves.
Para la senadora y exmagistrada del Tribunal Constitucional, Silvia Salame, independientemente de la situación de los actuales miembros del TCP, lo sucedido tiene que ver con que el Ejecutivo no cumplió con devolver al TSE el texto con las preguntas reformuladas, previamente observadas por esta instancia, “tal como debía hacerse”.
Señaló que, solo de esa forma, se habilitará para poder proceder con la solicitud de revisión de constitucionalidad ante el TCP.
“Si hubieran hecho eso los señores que están ejerciendo ilegalmente la magistratura, indudablemente sería un acto acorde a la norma y acorde a la propia Constitución. La razón de remitir (las preguntas) al Órgano Electoral para su revisión, no es una simple formalidad, es para ver si ese referéndum, a ser administrado por esta instancia, está acorde con las normas del sistema electoral”, precisó Salame.
Pese a esta determinación, la parlamentaria de oposición reiteró que las actuales cabezas de la justicia permanecen ejerciendo funciones de forma ilegal, por lo que toda determinación a ser asumida, carece de legitimidad.
“Cabe aclarar que no existe Tribunal Constitucional, estos señores están ejerciendo ilegal e indebidamente la magistratura”, concluyó.
Por su parte, el diputado paceño Carlos Alarcón, afirmó que la resolución del TCP demuestra que todos los cuestionamientos contra el referéndum planteado por el presidente Arce y los mecanismos aplicados por su gobierno para forzar su ejecución fueron validados y confirmados por este tribunal, hecho que no otorga legalidad ni legitimidad a magistrados ilegales.
“Siempre tuvimos la razón de que el Gobierno debería haber mandado las correcciones al TSE para que esté las de por bien o mal hechas. Ahora sus autoprorrogados de Arce del TCP le cortan la cabeza a su referendo trucho. Siguen siendo usurpadores judiciales”, expresó el asambleísta nacional, a través de sus redes sociales.
Desde la agrupación Creemos, el senador Henry Montero, indicó que la determinación del TCP era la de esperar, ya que otro tipo de fallo habría derivado en un descontento popular y movilizaciones hasta obligar la salida de quienes en la actualidad administran ilegalmente la justicia en el país.
“No les quedaba de otra a los autoprorrogados, hubiese sido muy grosero que declaren la constitucionalidad de las preguntas, de hacerlo habrían salido a empujones por el pueblo. El Gobierno a foja cero a seguir con la subvención”, sostuvo Montero.
Para el diputado oficialista, Sandro Ramírez, existe respeto a toda determinación que emane de algún Órgano del Estado, por lo que se espera que el Ejecutivo responda con propiedad a la observación del TCP, tomando en cuenta que la consulta planteada por el Presidente, solo busca consultar a la ciudadanía en temas importantes y de interés común.
“Seguramente el Ejecutivo va a responder propiamente a esta determinación de Tribunal Constitucional. La intensión del Presidente es hacer una consulta de referéndum al pueblo boliviano, se quieren hacer las cosas correctamente y en el marco de la Constitución”, dijo.
Desde el Gobierno, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, informó que hasta la tarde de ayer, esta resolución no fue notificada oficialmente al Ejecutivo. “Cuando tengamos algo oficial nosotros nos pronunciaremos”, afirmó.
Fuente: El Diario