Desde 2011, el sector público desempeña un rol clave en Bolivia al facilitar el acceso a la vivienda a miles de familias de ingresos medios y bajos.
Fuente: ABI
A través de los créditos de vivienda de interés social, entre 2014 y junio de 2024, se otorgaron $us 4.619 millones beneficiando a 100.778 personas. Además, la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda) invirtió entre 2011 y 2023, Bs 10.567 millones, mejorando las condiciones de vida de 618.531 familias, cita un reporte del Ministerio de Económica.
En el marco del 1er. Encuentro Nacional por la Vivienda Digna y Sostenible, organizado por la Cámara Boliviana de Desarrolladores Inmobiliarios (CBDI) y la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra (UPSA), el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, ofreció una detallada exposición sobre «El rol del sector público en el acceso a la vivienda, sus desafíos y estrategias».
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Montenegro abordó las principales políticas públicas en torno a la vivienda de interés social y subrayó los retos que aún enfrenta el país en materia de acceso a viviendas dignas y sostenibles para los sectores más vulnerables.
El ministro destacó la importancia de la Ley 393 de Servicios Financieros, que reformó el sistema financiero en Bolivia y asignó al Estado un rol rector. Esta norma prioriza la vivienda de interés social y al sector productivo; establece niveles mínimos de cartera, destinados a créditos para vivienda de interés social y préstamos productivos y fija tasas de interés máximas, con el objetivo de ampliar el acceso a la vivienda.
Entre los mecanismos de acceso a la vivienda, Montenegro subrayó el impacto de los créditos de vivienda de interés social, los cuales permiten a las familias con bajos ingresos acceder a una vivienda (compra de casa, vivienda o terreno, construcción, anticrético y remodelación) con tasas de interés preferenciales que oscilan entre el 5,5% y el 6,5%.
Hasta junio de 2024, estos préstamos beneficiaron a 100.778 familias, con una cartera total de $us 4.619 millones, de los cuales el 78% está concentrado en el eje central del país, conformado por Santa Cruz, La Paz y Cochabamba.
A junio de 2024, el 94% de la cartera se concentraba en la zona urbana, con $us 4.358 millones y 92.784 familias beneficiarias. En el área rural se invirtieron $us 260 millones, el 6% del total, beneficiando a 7.994 familias.
Otro mecanismo importante que puso en marcha el Gobierno fue el Fondo de Garantía de Vivienda de Interés Social (Fogavisp), creado mediante Decreto Supremo N° 2137, del 9 de octubre 2014, con el 6% de las utilidades anuales que genera la banca. Este fondo tiene por objeto otorgar coberturas de riesgo crediticio para operaciones de préstamo de vivienda de interés social de hasta 20% cuando el prestatario no cuente con aporte propio. Este ha sido un pilar clave en este esquema, permitiendo que más familias accedan a una vivienda digna.
Montenegro destacó que desde 2006, el Estado boliviano ha hecho esfuerzos a través de diversos programas de vivienda social. Entre ellos, se encuentran el Programa de Vivienda Social, la Unidad Ejecutora para Viviendas de Emergencia y la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda), que han permitido reducir el déficit habitacional.
Entre 2020 y 2023, AEVivienda ejecutó un total de 32.308 intervenciones, beneficiando a 118.552 personas, de las cuales 11.760 corresponden a la más vulnerable (4.719 madres solas y padres solos, 1.421 personas con discapacidad y 5.620 adultos mayores) La inversión durante este periodo asciende a Bs 1.962 millones, generando más de 121.267 empleos directos e indirectos. Sin embargo, desde su creación en 2011 este programa ha favorecido a 618.531 ciudadanos con una inversión de Bs 10.567 millones.
Otro mecanismo relevante es el dispuesto por el Decreto Supremo 1842, del 18 de diciembre de 2013, que determina que los niveles mínimos de cartera de créditos para los préstamos destinados al sector productivo y de vivienda de interés social, serán de 60% del total de su cartera para Bancos Múltiples y de 50% para Bancos Pymes. No obstante, a junio de 2024, los Bancos Múltiples registraron un nivel mínimo de cartera del 65,2%, superior en 5,2 puntos porcentuales (pp) al requerido por la normativa, mientras los Bancos Pyme registraban un nivel mínimo de 58,2%, superior en 8,5pp lo establecido.
A pesar de los avances logrados, Montenegro reconoció los desafíos que aún persisten. Según datos del Gobierno, el déficit habitacional cuantitativo y cualitativo afecta a 1.360.046 hogares. El déficit cuantitativo se redujo a 65.291 hogares en 2022, una caída del 56% respecto a 2012, y está concentrado sobre todo en el área rural (62,59%), mientras el déficit cualitativo afecta a más de 1.294.755 hogares y está concentrado en el área urbana (64%).
Ante este escenario, propuso varias acciones para seguir reduciendo el déficit habitacional, como la mayor socialización de los créditos de vivienda de interés social y del Fogavisp, la flexibilización de los requisitos para familias con ingresos limitados, y un mayor impulso a los préstamos de vivienda social en las áreas rurales, donde la necesidad de vivienda es mayor.
En su intervención, Montenegro también hizo un llamado a considerar el desarrollo de soluciones habitacionales sostenibles para reducir la tasa de interés de los créditos de vivienda e incursionar en el financiamiento de viviendas sostenibles.
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