Fuente: La Voz de Tarija
En un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas son más necesarias que nunca, la asambleísta departamental de Unidos y por Tarija, Marina Cachambi, ha lanzado una grave denuncia que podría sacudir las bases de la administración pública en Yunchará. Según Cachambi, en la Subgobernación de Yunchará se habría llevado a cabo un esquema de corrupción que involucra compras fraudulentas por un monto superior a los 328.000 bolivianos durante las gestiones 2021, 2022 y 2023.
Cachambi aseguró tener en su poder la documentación que prueba estas irregularidades. «Estoy realizando una denuncia por corrupción que se está dando dentro de la Subgobernación de Yunchará. He tomado conocimiento y tengo la documentación donde se procedió a realizar compras durante la gestión 2021 – 2022 – 2023 que equivalen a un monto de más de 328.000 bolivianos», afirmó con contundencia la asambleísta.
Según la denuncia, los productos adquiridos incluyen llantas, aceite para vehículos, papel, tinta, impresoras, entre otros. Sin embargo, lo alarmante es que estos bienes jamás habrían ingresado a los almacenes correspondientes. Este detalle fue conocido por el personal a cargo, quienes en su momento habrían informado de la situación al subgobernador.
«Esto lo hizo conocer el personal a cargo en su momento al subgobernador», agregó Cachambi, señalando que las irregularidades no son un caso aislado, sino que responden a un patrón sistemático de mala administración y corrupción. La denuncia apunta directamente a tres personas claves dentro de la Subgobernación de Yunchará: Orlando Farfán, jefe técnico de las cotizaciones y los contratos con los proveedores; Roxana Olmedo, la administradora encargada de realizar las cancelaciones sin aparentemente verificar si los productos realmente llegaron; y Nativo Villa, el subgobernador, quien habría dado el visto bueno para la cancelación de estos pagos.
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«Estamos hablando de tres personas involucradas: Orlando Farfán, jefe técnico de las cotizaciones y los contratos con los proveedores; Roxana Olmedo, quien es la administradora que hace la cancelación, por lo visto sin hacer la verificación si llegaron los productos; y Nativo Villa, quien es el subgobernador, quien da el visto bueno para la cancelación. Esto es preocupante», subrayó la asambleísta Cachambi.
Esta denuncia se suma a una serie de casos que han puesto en evidencia la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización dentro de las instituciones públicas en Tarija y en el país en general. La asambleísta Cachambi instó a las autoridades competentes a tomar cartas en el asunto y realizar las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades y sancionar a los responsables de este presunto acto de corrupción.
El impacto de esta denuncia podría tener repercusiones profundas en la administración pública de Yunchará, poniendo en el centro del debate la integridad y la transparencia de los funcionarios involucrados. Cachambi ha dejado claro que no permitirá que este caso quede en el olvido, y ha pedido el respaldo de la sociedad y de las instituciones encargadas de velar por la justicia y la correcta administración de los recursos públicos.