Era conocido como alias Puma
Fuente: infobae.com
La Policía del Ecuador anunció que logró capturar y deportar a Jonathan Steven A.R., alias Puma, quien sería el nexo de la banda narcoterrorista Los Lobos y los grupos armados irregulares que operan en Colombia. El sujeto era considerado un objetivo de alto valor para las autoridades.
En un boletín oficial, la Policía ecuatoriana informó que alias Puma era prófugo de la justicia colombiana y tenía una orde de captura por hurto calificado y agravado. Además, informó la institución, “el implicado es considerado el enlace directo entre grupos irregulares colombianos y el grupo armado organizado Los Lobos”. Por este vínculo con la megabanda ecuatoriana, alias Puma estaría involucrado delitos como tráfico de drogas, tráfico de armas, secuestros, extorsiones y asaltos.
Los Lobos con Los Pipos, Los Chone Killers (900 miembros) y Los Tiguerones (1.200 miembros), se agruparon bajo el nombre de Nueva Generación. (Foto: Foto: Jorge Guzmán/ EL UNIVERSO)
La Policía realizó labores investigativas, de inteligencia y acciones coordinadas con la Subsecretaría de Migración del Ministerio de Interior para ubicar y detener al sujeto en la provincia de El Oro, al sur del país.
Los Lobos son una de las bandas ecuatorianas con más miembros, más violentas y con mayor operación territorial. No solo están implicados en masacres carcelarias, narcotráfico y otros delitos conexos sino también que se dedican a la minería ilegal, causando pavor y altos índices de violencia en las jurisdicciones donde operan. Además, mantienen pugnas con otras bandas como Los Choneros.
Los grupos armados colombianos también operan en Ecuador
Un informe policial reveló que Orellana, a 100 kilómetros de la frontera con Colombia, se ha vuelto el escenario de una pugna entre bandas narcocriminales. Los Comandos de la Frontera (CDF), un grupo armado colombiano también conocido como mafia de Sinaloa, estaría disputando el territorio contra una facción de Los Choneros, una megabanda de Ecuador.
La provincia de Orellana en Ecuador. (Go Raymi)
Los CDF son un grupo disidente de las FARC y está vinculado a la Segunda Marquetalia, otro grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que se formó tras la desmovilización de la mayoría de sus miembros en el acuerdo de paz de 2016 con el gobierno colombiano. Los CDF han expandido su influencia en Ecuador a través de alianzas con bandas locales. Según Ecuavisa, que accedió a un informe policial sobre la presencia de estos comandos en el país, hay una guerar “entre dos facciones de Los Choneros: un grupo se considera aliado a la los Comandos de Frontera y están presentes en el cantón Francisco de Orellana; el segundo grupo se resiste a ser controlado por la banda extranjera y su base de operaciones es la Joya de los Sachas”. Esto ha disparado los índices de violencia en Orellana, donde se triplicaron los homicidios intencionales.
Los Comandos de Frontera se dedican no solo al tráfico de drogas sino también a la extorsión y a la minería ilegal. Para lograrlo necesitan la seguridad y logística de grupos locales que puedan servirles, como Los Choneros, una megabanda con al menos 12.000 miembros que es liderada por alias Fito, que se fugó de una cárcel ecuatoriana en enero de este año. Estos grupos han encontrado en las provincias amazónicas ecuatorianas un espacio propicio para sus operaciones debido a la porosidad de la frontera, la poca presencia estatal y la alta demanda de recursos como el oro.
Policías y militares realizan un operativo contra la minería ilegal, en el Rio Punino, en una fotografía de archivo. EFE/ Iván Izurieta
Estos grupos armados no solo controlan las operaciones mineras ilegales, sino también el tráfico de oro y otros recursos hacia Colombia, utilizando rutas clandestinas que atraviesan la selva, según reveló una investigación de Plan V y Amazon Underworld. Este control territorial incluye la intimidación y el reclutamiento de habitantes locales, lo que crea un clima de miedo y silencio entre las comunidades indígenas y mestizas.
La investigación reveló que la minería ilegal, impulsada por estos grupos, además de contribuir a los niveles de violencia, ha tenido un impacto devastador en el medio ambiente y en la vida de las comunidades amazónicas. La contaminación de los ríos, la deforestación y la presencia de mercurio son solo algunos de los efectos visibles de esta actividad.