El gobierno de Nicaragua anunció este lunes la clausura de 1.500 oenegés, la mayoría religiosas. Según la oposición, se trata de una arremetida sin precedentes contra grupos de la sociedad civil que el presidente Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo consideran hostiles.
Fuente: rfi.fr
En la mente de Ortega y Murillo, cualquier organismo que no forme parte de su Gobierno es una amenaza. Tras el cierre de 3600 instituciones en Nicaragua desde el año 2018, esta semana se anunciaba la clausura de otras 1500 más. Según el Ministerio del Interior, supuestamente incumplieron con sus obligaciones, ya que no reportaron sus estados financieros, un pretexto que sufrieron otros organismos ya desterrados ,como la Fundación del Río, que preside el biólogo y defensor de los derechos humanos Amaro Ruiz:
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“Las organizaciones que quedarían activas, se someterán a ese nuevo modelo de alianza que establece prácticamente un control sobre las decisiones de los programas y los proyectos que tienen las organizaciones en el país. Es decir, si ya controlaban el tema legal, fiscal y de decisiones orgánicas de las organizaciones, ahora están sobre las decisiones de los programas y los proyectos. Eso puede significar un aumento en el cierre de las organizaciones, porque van a tener que tomar una decisión – tanto los donantes como las organizaciones – sobre si se van a someter a ese nuevo marco que va a establecer y que ya ha anunciado la vice-dictadora Rosario Murillo la semana pasada.»
Entre las ONGs cerradas se encuentran principalmente organizaciones religiosas, pero también asociaciones benéficas, deportivas, indígenas e incluso afines al régimen sandinista. Amaro Ruiz lo explica así:
«Hay un número importante de organizaciones religiosas – cristianas, católicas, evangélicas – canceladas de manera arbitraria. Hay otros tipos de organizaciones, algunas fundaciones empresariales, como la Fundación Pantaleón, vinculada al ingenio azucarero, y la Fundación Barceló de la cadena de Barceló-Montelimar. Y también organizaciones vinculadas a los Desmovilizados del Ejército, de la policía y también organizaciones vinculadas a ellos mismos, al Frente Sandinista.
Por ejemplo, en la Comisión Nacional de Ganaderos de Nicaragua, el Presidente era diputado del Frente Sandinista en la Asamblea Nacional, es decir, que no solo contempla a organizaciones que tengan dentro de su Junta directiva a personas de oposición, sino que hay una barrida total, incluso de organizaciones vinculadas al partido de Gobierno.»
En 2022, la ONU denunciaba esta situación con una carta dirigida al Gobierno de Nicaragua, donde declaraba su preocupación por el cierre indiscriminado y arbitrario de las organizaciones.