Emilio Martínez Cardona
El caso de Venezuela, donde Nicolás Maduro ha echado mano de un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) completamente alineado con su partido, con la intención de blindar el fraude realizado por otro órgano en los comicios o de justificar una nueva votación, debe llevarnos a reflexionar sobre la importancia de contar con nuevos magistrados en los principales tribunales de Bolivia, de cara al proceso electoral del 2025.
De lo contrario, el arbitraje parcializado intensificará las asimetrías y la “cancha inclinada” que caracterizan a la situación híbrida imperante en el país, donde coexisten los espacios políticos competitivos con las prácticas autoritarias.
En este sentido, es clave que ya no haya más dilaciones en el proceso para las elecciones judiciales, mecanismo imperfecto y muy criticable, pero único viable a corto plazo para lograr algún cambio en la composición de las instancias superiores de la justicia.
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Es cierto que la selección de postulantes ha sido accidentada y con algún episodio bufonesco, pero en cualquier caso será fruto de cierta pluralidad y no de la hegemonía monopartidista compacta de 2/3 con la que fue realizada la anterior, de donde provienen los actuales magistrados “autoprorrogados”.
En los años siguientes, habrá que impulsar una reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE) para tener un mecanismo realmente meritocrático de selección de jueces, pero por lo pronto, la alternativa que está a mano es la de insertar alguna “voz que clame en el desierto” en los altos tribunales.
No son muchos los juristas de prestigio y sólida formación entre los postulantes, pero los hay. En ese marco, es posible que en algunas ternas exista una opción digna de apoyo, mientras que en otras habrá que reincidir en el voto nulo o en blanco a manera de protesta ciudadana.
En cambio, la autoprórroga indefinida es el escenario en el que podrían darse múltiples arbitrariedades durante el proceso electoral. Una nueva composición de los tribunales, en función de obligados equilibrios políticos, puede reducir la discrecionalidad y reforzar las garantías.
Contra esto se lanzarán las habituales invectivas sobre la “democracia pactada”, que en su momento allanaron el ascenso del partido azul al gobierno y a la hegemonía hoy perdida. Simple retórica antipolítica que resultó ser, en el fondo, autoritaria.