La nueva ley de la Unión Europea (UE) para regular la inteligencia artificial (IA), una legislación inédita a nivel mundial, entró este jueves en vigor con el objetivo de fomentar la innovación en Europa y limitar los posibles abusos de esta nueva tecnología.
Bruselas (Bélgica) (AFP) – «Hoy entra en vigor la Ley de Inteligencia Artificial», escribió Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, en la red social X.
Se trata del «marco pionero de Europa para una IA innovadora y segura», añadió la dirigente del brazo ejecutivo del bloque de 27 Estados miembros.
Von del Leyen aseguró que la nueva normativa «impulsará el desarrollo de una IA en la que los europeos puedan confiar».
«Brindará apoyo a las pymes [pequeñas y medianas empresas] y a las empresas emergentes europeas para llevar al mercado soluciones de IA de vanguardia», continuó.
La mayor parte de la legislación se aplicará a partir de 2026 pero algunas disposiciones ya serán vinculantes el año que viene.
La norma adopta un planteamiento «basado en el riesgo» e impone a los diversos sistemas de IA limitaciones proporcionales a los peligros que plantean a la sociedad.
Los sistemas que sólo presenten un riesgo limitado estarán sujetos a obligaciones de transparencia muy leves, mientras que los de alto riesgo, utilizados por ejemplo en infraestructuras críticas, educación, recursos humanos o aplicación de la ley, estarán sujetos a requisitos reforzados antes de ser autorizados.
Estos requisitos incluirán, por ejemplo, un control humano, el establecimiento de una documentación técnica o la puesta en marcha de un sistema de gestión del riesgo.
Las prohibiciones serán raras y atañarán aplicaciones contrarias a los valores europeos, como los sistemas de calificación ciudadana o de vigilancia masiva utilizados en China.
El nuevo reglamento fue adoptado por los 27 Estados miembros de la UE el 21 de mayo tras ser adoptado por el Parlamento Europeo con una amplia mayoría.
Los legisladores de la UE llegaron a un acuerdo sobre este texto en diciembre, tras difíciles negociaciones en las que algunos países, como Francia, temían una regulación excesiva que amenazara el desarrollo de este sector.
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