Corrupción. El juez Emilio Pinto, de Sucre, sentenció al exlegislador y a un colaborador suyo; apelaron, pero la justicia mantiene el veredicto.
Un exparlamentario del Movimiento Al Socialismo (MAS) y su colaborador fueron sentenciados a cinco y cuatro años de cárcel, respectivamente, por haber sonsacado a un empresario constructor 210 mil bolivianos, para una adjudicación directa de la Villa Universitaria de San Simón de Cochabamba, en 2017. La obra nunca se concretó y tampoco devolvieron el dinero. El proyecto tenía un costo de 205 millones de bolivianos.
El exparlamentario supraestatal (suplente) Asbley Orlando Juan Fernández Sivila, secretario municipal de Salud, Educación y Deportes en Sucre, y Ariel Martínez Loayza fueron acusados por el delito de concusión y el juez de Sentencia Nº 1 de la Capital, Emilio Pinto, los declaró culpables.
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De acuerdo con el fallo, Fernández es autor del delito de concusión, mientras que Martínez, su colaborador, fue sentenciado en grado de complicidad. Ambos apelaron, pero la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Chuquisaca ratificó la sentencia.
El presidente de la Sala Penal Primera, Iván Sandoval, confirmó al diario Correo del Sur el rechazo de las solicitudes: la del primero, porque se la presentó fuera de plazo; la del segundo fue declarada improcedente. En busca de anular el fallo, los sentenciados acudieron en casación ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El juzgador remitió antecedentes al Ministerio Público para que defina si el empresario también cometió algún delito.
De acuerdo con la denuncia, en 2017, el exparlamentario masista habría ofrecido a un empresario adjudicarse la construcción del edificio Multiacadémico Portal de la Universidad Mayor de San Simón, una Villa Universitaria.
“La obra le había regalado (el Gobierno) al supraestatal por los gastos realizados durante la campaña política del año 2014, para recuperar lo invertido y (para que) pueda cobrar lo que corresponde al diezmo, a través de adjudicaciones por invitación directa sin licitaciones ni convocatorias”, se lee en la acusación.