La ONG estadounidense difundió su informe con la lista de más de 50 naciones donde se castiga a disidencia política en todo el mundo. El documento advierte que las tácticas incluyen la retirada de la nacionalidad, prohibiciones de viaje, retención de documentos de identidad y la negación de servicios consulares
Advierten que más de 50 países, entre ellos Nicaragua y Venezuela, utilizan medidas represivas contra líderes opositores
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
(Con información de AFP y EFE)
Fuente: infobae.com
La ONG estadounidense Freedom House alertó este miércoles sobre la creciente utilización de medidas represivas por parte de más de 50 países, entre ellos Nicaragua, Cuba y Venezuela, para restringir la libertad de circulación de los opositores. Estas tácticas incluyen la retirada de la nacionalidad, prohibiciones de viaje, retención de documentos de identidad y la negación de servicios consulares.
El informe anual de la organización, centrado en la “represión transnacional”, destaca que estas restricciones son formas de coacción menos visibles en comparación con asesinatos o secuestros.
El fenómeno de la “represión transnacional” salió a la luz con el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi en el consulado de su país en Estambul en 2018 cuando se disponía a recoger documentos para casarse con su prometida turca.
En total 55 Estados utilizan al menos uno de estos cuatro tipos de restricción a la libertad de movimiento de sus ciudadanos, según el informe, que se basó en entrevistas a 31 personas de Arabia Saudita, Bielorrusia, India, Nicaragua y Ruanda.
Apuntan tanto a disidentes individuales como a activistas prodemocracia, como los de Hong Kong exiliados en el Reino Unido, o a grupos enteros, como los eritreos que viven en el extranjero, señala la ONG.
La ONG estadounidense Freedom House alertó que estas tácticas incluyen la retirada de la nacionalidad, prohibiciones de viaje, retención de documentos de identidad y la negación de servicios consulares (Europa Press)
En 2023 la dictadura nicaragüense de Daniel Ortega despojó de su nacionalidad a 222 opositores encarcelados poco después de deportarlos a Estados Unidos.
Los funcionarios obligaron a cada uno a firmar un formulario en el que consentían la deportación. “Es como una pistola en la cabeza, o firmas o te quedas aquí y vuelves a la cárcel”, explicó Juan Lorenzo Holmann.
Otros 94 nicaragüenses, la mayoría de los cuales vivían en el exilio, perdieron su ciudadanía y sus bienes.
Félix Maradiaga, activista político exiliado, dijo a Freedom House, de cuya junta directiva es miembro, que en Nicaragua las prohibiciones de viajar se extienden a familiares de opositores que no pueden comprar boletos de avión o autobús, porque el régimen comparte los datos con las empresas de transporte.
“Todas estas empresas tienen una enorme base de datos de personas a las que no se les permite regresar” al país, declaró.
Las medidas tienen un fuerte impacto, como experimentó en carne propia Carlos Fernando Chamorro, fundador del sitio web de noticias Confidencial.
“No tengo una identidad válida en Nicaragua y mis hijos no tienen padre ni madre porque su padre y su madre no existen”, afirmó.
Despojar la nacionalidad es una medida extendida en Oriente Medio, donde en la última década ha afectado a cientos de personas en Bahréin, Egipto, Kuwáit y Emiratos Árabes Unidos.
Las medidas tienen un fuerte impacto, como experimentó en carne propia Carlos Fernando Chamorro, fundador del sitio web de noticias Confidencial (EFE/Jorge Torres)
De los 55 estados, al menos 40 imponen prohibiciones de salida o entrada del país, según el informe.
En muchos de estos países, como India y Arabia Saudita, no existe un listado oficial de afectados, por lo que la lista no es oficial y los afectados se enteran en el aeropuerto o a través de rumores.
A comienzos de mes, organizaciones internacionales en defensa de los derechos humanos condenaron los altos índices de represión y violencia en Venezuela, y exigieron a las autoridades garantizar el derecho a la protesta y el respeto de los derechos de los venezolanos, “elementos esenciales” en democracia.
Las entidades firmaron un comunicado en el que muestran su preocupación por las detenciones “arbitrarias” y la criminalización de la protesta, en un contexto preelectoral y postelectoral en Venezuela marcado por la represión y múltiples violaciones a los derechos humanos, incluyendo “un grave patrón de detenciones por razones políticas, muertes potencialmente ilícitas, restricciones a la libertad de prensa y cortes de internet”.