Son 53 años del golpe de Estado del coronel Hugo Banzer Suárez, que lideró la toma del poder contra el entonces presidente Juan José Torres. Lo hizo junto con un grupo calificado como “el cartel del crimen”, que operó incluso contra dos de sus miembros.

“La dictadura de Hugo Banzer violó de manera flagrante y sistemática los derechos humanos y la Constitución Política del Estado vigente entonces, incurriendo en delitos de lesa humanidad, contra el pueblo boliviano”, reseña parte del informe documentado de la Comisión de la Verdad presentado el 22 de marzo de 2021 al presidente Luis Arce.

Dicho documento contiene investigaciones sobre los asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y violencia sexual, entendidas como violaciones graves de Derechos Humanos, fundados en motivos políticos e ideológicos, entre el 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre de 1982.

Banzer

El texto, además, señala: “En una suerte de cartel del crimen, el régimen de Banzer constituyó y formó parte activa del Plan Cóndor (…). Dicho plan dio vía libre al secuestro de activistas revolucionarios, aplicó la desaparición forzada de opositores mediante entrega de activistas sociales y de personas consideradas peligrosas a los respetivos gobiernos de esos países, que hasta la fecha forman parte de la larga lista de desaparecidos”.

Banzer, junto con la Confederación de Empresarios Privados, la Falange Socialista Boliviana (FSB) y el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), organizó el Frente Popular Nacionalista (FPN) e inició una persecución a los “extremistas”, como fueron llamados los izquierdistas.

El 21 de agosto de 1971, se encontraba en Santa Cruz, uno de los centros neurálgicos de la insurrección contra el gobierno de J. J. Torres, como lo llamaban a quien sucedió a Alfredo Ovando en el poder luego de un levantamiento militar. Allí, Banzer comandó las operaciones del golpe de Estado con el apoyo de militares y conservadores.

El 22 de agosto, las fuerzas de Banzer, apoyadas por otras guarniciones militares en diferentes partes del país, lograron tomar el control de La Paz y consolidaron el golpe contra Torres.

Víctima de esa dictadura (fue detenida el 2 de abril de 1976 luego de ser torturada), la activista de derechos humanos y expresidenta de la Comisión de la Verdad Nila Heredia recordó en La Razón que la planificación de ese golpe de Estado “se había precipitado desde antes”.

Golpistas

Rememoró que ese día, Torres y el Regimiento de Infantería Colorados de Bolivia convocaron a la ciudadanía a concentrarse en el estadio de Miraflores, donde se les daría armas para resistir a las fuerzas golpistas. Muchos salieron con ese fin, entre ellos el líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz.

Indicó que los asistentes recibieron armamento que estaba depositado en la Intendencia Militar, a dos cuadras del escenario deportivo, y los militares repartieron fusiles Mauser para la acción civil.

Otro punto “estratégico para la defensa fue el cerro Laikakota. “Como antes no había edificios tan altos, desde ahí se podía ver hacia el Estado Mayor y al otro lado de la ciudad, entonces era clave para vigilar el movimiento (militar) que había”, reseñó.

Respecto de las víctimas, entre fallecidos, heridos y desaparecidos de aquel hecho, el informe de la Comisión de la Verdad señala que no existen registros exactos que permitan cuantificar el número.

“Hasta el día de hoy no existe una nómina completa de las muertes, desapariciones, heridos, detenidos y torturados en el marco de la ‘Operación Limpieza’ en 1974, ya que muchos de los directamente afectados, como los familiares de quienes fueron asesinados o desaparecidos, aún sienten las secuelas de la persecución. Tampoco hay esfuerzos desde el Estado por la recuperación de testimonios de quienes han sufrido en carne propia el rigor de la represión junto a familiares desaparecidos o asesinados”, estableció la Comisión de la Verdad.

Heredia contó que son al menos 8.000 personas entre fallecidos y desaparecidos, de los que “no se sabe hasta ahora”.

Además, dos jefes militares del régimen de Banzer, Andrés Selich Chop y Joaquín Zenteno Anaya, resultaron también víctimas de la dictadura. “Fueron personajes parte de la estructura represiva del gobierno que implementó el terrorismo de Estado en contra de todo aquel que era considerado comunista o extremista, ninguno de los dos perteneció a partidos de izquierda ni organizaciones sindicales”, reseña el informe.

Militares

Selich y Zenteno fueron considerados como una amenaza latente para Banzer, pues eran líderes natos dentro del seno de las Fuerzas Armadas. Entonces, dice la Comisión de la Verdad, se vio en la necesidad de, primero, “apartarlos de sus puestos en el gobierno para luego forzarlos a salir del país, en un exilio disfrazado de función diplomática”.

Finalmente, “ambos militares fueron asesinados en diferentes circunstancias”, pero bajo las instrucciones directas del general Banzer, quien fue acusado por las familias de ambos de ser el autor intelectual de esas muertes, motivadas en las pugnas internas de poder dentro de su gobierno.

Después de su salida del poder en 1978, obligada por la huelga de mujeres mineras (Luzmila de Pimentel, Nelly de Paniagua, Aurora de Lora, Angélica de Flores y luego Domitila Barrios de Chungara), Banzer quiso redimirse como político y llamó a elecciones para el 9 de julio de 1978. Su candidato fue Juan Pereda Asbún, de Unión Nacionalista del Pueblo (UNP). En 1979 fundó Acción Democrática Nacionalista (ADN), partido de tendencia conservadora y nacionalista, con el objetivo de continuar su legado en el poder.

ADN se convirtió rápidamente en una fuerza significativa. Atrajo a antiguos seguidores del régimen, así como a sectores empresariales, militares y conservadores que compartían su visión de “orden, paz y trabajo”

Datos

Banzer participó de todas las elecciones entre 1979 y 1997, cuando fue elegido presidente de la República. Su vicepresidente fue Jorge Quiroga, quien, luego, lo sucedió tras su renuncia, el 6 de agosto de 2001, obligado por un cáncer terminal.

Nacido el 10 de mayo de 1926, el general murió el 5 de mayo de 2002. “Ni olvido ni perdón” fue la consigna de las víctimas para reclamarle por las muertes y desapariciones durante su dictadura.

“Dónde está mi hijo, general”, le demandaba siempre Gladys Oroza, quien perdió a su hijo José Carlos Trujillo Oroza, de 21 años. La mujer, varias veces dirigente de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd), murió el 19 de marzo de 2012 sin saber del destino de su retoño.

Estudiante de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Jó, como lo llamaban, fue detenido el 23 de diciembre del año 1971. Fue trasladado a la cárcel El Pari de Santa Cruz, donde el 2 de febrero de 1972 lo vio su madre por última vez.

Su desaparición forzada es un caso emblemático. El régimen de Banzer se caracterizó por el cierre de las universidades públicas del país y la persecución a dirigentes y docentes.