Son 62 tareas que fijó el Calendario Electoral para las Elecciones Judiciales, entre las que están el empadronamiento masivo, la difusión de méritos y la solicitud de inhabilitación de candidatos que incumplan las normas
Fuente: El Deber
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya bajó la bandera para las elecciones Judiciales, con 62 actividades que se cumplirán antes y después de la jornada de votación. Destacan el empadronamiento masivo y la difusión de méritos de los candidatos.
El TSE también determinó que la ciudadanía podrá impugnar a los candidatos a magistrados y consejeros del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que incumplan o vulneren alguna prohibición establecida en la Ley 026 de Régimen Electoral.
Este proceso comenzó el pasado13 de agosto cuando el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, lanzó la convocatoria a elecciones Judiciales, actividad que se realizará el 1 de diciembre de 2024. El ente electoral, busca consolidar este proceso hasta el 27 de diciembre con la entrega de credenciales a las autoridades elegidas, para que las mismas asuman funciones a partir del 2 de enero de 2025 con la inauguración del año judicial.
Es la tercera vez que se realiza, por voto popular, la elección de magistrados y consejeros para las tres entidades del Órgano Judicial: Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental, además de magistrados para el Tribunal Constitucional Plurinacional.
Las tareas clave
El vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi, explicó a EL DEBER cómo se cumplirá este proceso.
Una de las tareas más importantes que debe realizar el TSE y que está prevista en el Calendario Electoral es el empadronamiento masivo para captar nuevos electores y para actualizar los datos de las personas que lo requieran. Este registro masivo es a nivel nacional, se realizará por 10 días y comenzará el miércoles 21 de agosto hasta el 30 de agosto. “Tienen que recurrir a los puntos de empadronamiento todos aquellos jóvenes que van a cumplir 18 años hasta el 1 de diciembre”, precisó la autoridad.
También se deben empadronar los ciudadanos que hayan cambiado de domicilio. El registro es para personas que nunca se hayan empadronado. “Hay que recordar que en Bolivia el voto es obligatorio entre los 18 a 70 años. Para los mayores de 70, el voto es voluntario”.
Difusión de méritos
La otra actividad que destaca Tahuichi es la difusión de méritos de los candidatos que se realizará entre el 17 de octubre hasta el 27 de noviembre. Esta tarea está a cargo del TSE y de los nueve tribunales departamentales. (TED).
El TSE se encargará de la difusión de méritos de los candidatos que se elegirán por circunscripción nacional, es decir, de los que postulan al Consejo de la Magistratura y al Tribunal Agroambiental. En tanto, los TED de cada departamento realizarán la difusión de los méritos de los candidatos que se eligen por circunscripción departamental, es decir, los del TSJ y los del TCP.
“El TSE va a ejecutar toda una estrategia de comunicación enfocándonos en los candidatos de alcance nacional: Consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental, y el resto, lo realizarán los tribunales departamentales que preparan toda una logística para la difusión de méritos de los candidatos departamentales del TSJ y del TCP”, añadió Tahuichi.
En este proceso tanto el TSE como los TED van a difundir por los medios de comunicación, las hojas de vida de los candidatos, su trayectoria académica y su producción intelectual, entre otros aspectos.
¿Cuántos se elegirán?
En total se elegirá a 52 magistrados y consejeros titulares y suplentes de las entidades que conforman el Órgano Electoral y del Tribunal Constitucional. Para el TCP son nueve magistrados titulares, uno por cada departamento, y nueve suplentes, con lo que hacen 18 en total.
En tanto las entidades del Órgano Judicial, entre ellas para el TSJ, se elegirá nueve magistrados titulares y nueve suplentes, que hacen en total 18.
Para el Tribunal Agroambiental son elegibles cinco magistrados titulares y cinco suplentes, haciendo10 magistrados, y finalmente para el Consejo de la Magistratura se eligen tres consejeros titulares y tres suplentes, seis en total.
Las impugnaciones
A pesar de que en el proceso de preselección que realizó la Asamblea Legislativa, hubo una fase de impugnación, el TSE también fijó en su Calendario Electoral un lapso en el que la ciudadanía puede objetar alguna candidatura y pedir que sea inhabilitada.
Esta es la actividad número 3 del Calendario Electoral, punto en el que se lee: “Recepción de demandas de inhabilitación de candidatas y candidatos por vulneración a las prohibiciones establecidas en la Ley N° 026 de Régimen Electoral”.
La fase para las demandas de inhabilitación a candidatos empezó el 14 de agosto y estará abierta hasta el 16 de noviembre, según el Calendario Electoral.
El vocal Tahuichi explicó que el pedido de inhabilitación de un candidato o candidata puede darse por al menos unas cuatro causales: que los candidatos están prohibidos de hacer campaña electoral por sus postulaciones. Si lo hacen serán inhabilitados.
“Desde el momento que el TSE emite la convocatoria, ya son candidatos y no pueden hacer campaña, están prohibidos bajo sanción de inhabilitación, y esa acción se produce de oficio y a denuncia”, explicó la autoridad.
Otra causal es por incumplimiento al artículo 238 de la Constitución, que señala que cualquier candidato que esté como funcionario público y que no haya renunciado al menos tres meses o 90 días antes de la jornada de votación, puede quedar inhabilitado.
Asimismo, aquellos candidatos que “hayan ocupado cargos directivos en empresas extranjeras transnacionales que tengan contratos o convenios con el Estado y no hayan renunciado al menos cinco años antes del día de la elección”, también serán inhabilitados.
Otra causal de inhabilitación es por incumplimiento de alguno de los puntos del artículo constitucional 234: haber cumplido con los deberes militares, hablar al menos dos idiomas oficiales del país, o “no tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia de cargo ejecutoriada en materia penal”.
Fuente: El Deber