El comunicado publicado confirmó 23 muertes ocurridas entre el 28 de julio y el 8 de agosto, y 1.260 personas detenidas. La dictadura no ha presentado pruebas de los resultados y se aisla de la región.
Fotografía de archivo de integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que detienen a unas personas durante una protesta contra los resultados divulgados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de las elecciones presidenciales, el 29 de julio de 2024, en Caracas (Venezuela).EFE/ Manuel Díaz
Fuente: infobae.com
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La Misión de Determinación de los Hechos que depende de las Naciones Unidas publicó un extenso y crudo comunicado sobre la creciente tensión y represión en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. La organización ha instado al gobierno chavista a detener de inmediato las violaciones a los derechos humanos que han sacudido al país en las últimas semanas y a investigar a fondo los hechos, que ya han dejado 23 muertos, en su mayoría jóvenes menores de 30 años.
Las semanas posteriores a las elecciones han estado marcadas por protestas tanto en las calles como en redes sociales, a lo que el Estado ha respondido con una feroz represión dirigida por las más altas autoridades. La Misión ha documentado 23 muertes ocurridas entre el 28 de julio y el 8 de agosto, la mayoría por disparos de armas de fuego en el contexto de las manifestaciones. De estas víctimas, 18 eran hombres menores de 30 años, lo que generó un clima de temor generalizado en la población.
“Las muertes denunciadas en el marco de las protestas deben ser investigadas exhaustivamente y, de confirmarse un uso abusivo de la fuerza letal por cuerpos de seguridad y la participación de civiles armados actuando con la connivencia de dichos cuerpos, los responsables deben rendir cuentas”, afirmó Marta Valiñas, presidenta de la Misión. “Las víctimas y sus familiares deben obtener justicia”.
Manifestantes exigen la libertad de presos políticos. EFE/ Miguel Gutiérrez
La Misión ha señalado que, desde el 28 de julio, al menos 1.260 personas han sido detenidas, entre ellas 160 mujeres, aunque el Fiscal General de la República ha elevado esta cifra a 2.200, calificándolas indiscriminadamente como “terroristas”. Las detenciones se concentran principalmente en el Distrito Capital (18%), seguido por los estados de Carabobo (16%) y Anzoátegui (9%).
Según la Misión, estas detenciones se caracterizan por graves violaciones al debido proceso, incluyendo audiencias telemáticas sumarias y la imputación de cargos penales desproporcionados como terrorismo, conspiración y delitos de odio. Además, se ha reportado la negación de información a los familiares de los detenidos y la imposibilidad de nombrar abogados de confianza, dejando a los detenidos en un estado de indefensión.
“Todas las personas detenidas arbitrariamente deben ser liberadas de inmediato”, expresó Patricia Tappatá, experta de la Misión. “Las autoridades tienen que respetar de manera irrestricta las normas internacionales sobre el debido proceso y sobre las condiciones de detención”.
Integrantes de la Guardia Nacional desplegados para disolver las protestas al día siguiente de las elecciones. Crédito: Alejandro Cegarra para The New York Times
Un hecho especialmente alarmante es la detención de más de 100 niños, niñas y adolescentes, quienes han sido imputados por los mismos delitos graves que los adultos y han enfrentado las actuaciones judiciales sin la presencia de sus padres o tutores, en clara violación a las normas internacionales de protección de la niñez.
“La Misión reclama con firmeza la obligación de garantizar que los niños, niñas y adolescentes detenidos sean tratados con estricto apego a las normas internacionales de protección de la niñez, respetando su interés superior”, afirmó Francisco Cox, otro de los expertos del organismo internacional.
La Misión internacional de Determinación de Hechos sigue documentando y analizando las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y ha hecho un llamado urgente al gobierno para que ponga fin de inmediato a la represión que ha sido desatada desde el 28 de julio. La comunidad internacional observa con preocupación la situación en el país, mientras las demandas de justicia y respeto a los derechos humanos se vuelven cada vez más apremiantes.