Fuente: https://actualidad.rt.com
Hunter Biden fue contratado por un empresario rumano acusado de corrupción que intentaba «influir en la política del Gobierno estadounidense» durante el mandato de su padre Joe Biden como vicepresidente. Así lo denunciaron este miércoles los fiscales en el marco de un juicio fiscal contra el hijo del mandatario estadounidense que comenzará el próximo mes.
Según los documentos judiciales, a los que tuvo acceso AP, el equipo del fiscal especial David Weiss planea presentar pruebas de que Hunter Biden y su socio comercial «recibieron una compensación de un director extranjero que intentaba influir en la política y la opinión pública de Estados Unidos», en relación al ejecutivo rumano Gabriel Popoviciu.
Acuerdos turbios
De acuerdo con el expediente, Popoviciu quería que las agencias del Gobierno estadounidense investigaran la pesquisa de soborno, por parte de las autoridades rumanas, en contra suya con la esperanza de que eso pusiera fin a sus problemas legales.
Los fiscales argumentan que Hunter Biden acordó con su socio comercial ayudar al mencionado empresario a luchar contra los cargos penales en su contra. Sin embargo, agregan que Hunter estaba preocupado de que «el trabajo de cabildeo pudiera causar ramificaciones políticas» para su padre, por lo que el acuerdo se camufló de una manera tal que «ocultaba la verdadera naturaleza del trabajo«.
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El socio comercial de Hunter Biden y Popoviciu firmaron un acuerdo para que pareciera que los pagos del ejecutivo rumano eran por «servicios de gestión de empresas inmobiliarias prósperas en Rumania», señalan los documentos. De esa transacción, el socio de Biden recibió más de 3 millones de dólares, que se dividieron entre ellos y otro colega más.
Popoviciu fue sentenciado a siete años de prisión en 2017 tras ser declarado culpable de fraude inmobiliario. El magnate niega haber cometido algún delito.
Evasión de impuestos
Las acusaciones se presentaron como respuesta de los fiscales a una solicitud del equipo legal de Hunter Biden para que se prohibiera en su próximo juicio cualquier referencia a las acusaciones de influencia política indebida que han perseguido al hijo del presidente durante años. La defensa alegó que su cliente ha sido «el blanco de ataques con motivaciones políticas y teorías conspirativas» sobre sus negocios en el extranjero.
El juicio fiscal contra Biden, que comenzará el próximo mes en Los Ángeles, se centra en cargos por no pagar al menos 1,4 millones de dólares en impuestos durante cuatro años, un período en el que reconoció haber luchado contra una adicción a las drogas.
Los fiscales argumentan que la información presentada sobre los vínculos con el empresario rumano es evidencia de que «las acciones del acusado no reflejan a alguien con una capacidad disminuida, dado que aceptó intentar influir en la política pública estadounidense y recibir millones de dólares» durante su adicción a los narcóticos.
En la mira de la Justicia
Las acusaciones se dan meses después de que Hunter Biden fuera declarado culpable de tres cargos. Dos de ellos corresponden a la acusación de que, al comprar un revólver Colt Cobra en octubre de 2018, supuestamente presentó un formulario en el que aseguró que no estaba consumiendo drogas ilegales. El tercer cargo indica que estaba en posesión de un arma de fuego mientras consumía narcóticos.
Según la acusación y los documentos judiciales, Hunter tuvo el arma en su poder durante 11 días, antes de que su novia la tirara a un contenedor de basura porque estaba preocupada por su salud mental.
Hunter Biden puede enfrentar una pena máxima de 25 años en prisión, mientras que cada cargo conlleva además una multa máxima de 250.000 dólares. No obstante, los expertos destacan que las personas que no tienen antecedentes penales no suelen recibir la pena máxima.